No es momento para abrir una crisis de Estado

No por esperada -incluso animada desde el propio Gobierno durante las últimas semanas- la decisión de Juan Carlos de Borbón de instalar su residencia fuera de España ha dejado de provocar una notable sacudida en la vida política y social del páis. La Casa Real hizo pública este lunes la carta que el Rey Emérito remitió a su hijo Felipe VI comunicándole tal intención. La decisión se produce en medio de la polémica en torno a la presunta tenencia de fondos en paraísos fiscales y cuentas en Suiza por parte de don Juan Carlos y ante la elevada presión política sobre el actual monarca para que se desmarque de las actividades de su padre.

La Casa Real ha optado por alejar cualquier duda como ya hizo cuando desposeyó a la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín del título de Duques de Palma a raíz del Caso Nóos, que acabó con la condena del cuñado del Rey. En el caso de don Juan Carlos, las noticias sobre fondos en paraísos fiscales y el cobro de presuntas comisiones por su intersección en el contrato del AVE a la Meca han llevado a una decisión con la que se pretende preservar a la institución monárquica.

La decisión es acertada y sólo en el futuro se verá si funciona de cortafuegos ante la oleada de críticas a las actuaciones que el Rey Emérito desarrolló en su esfera privada durante los últimos años y la utilización de estos hechos -todavía presuntos- para atacar directamente a la monarquía como sistema político en nuestro país.

La investigación se halla en una fase previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a la Sala de lo Penal del Supremo, tribunal ante el que el Rey emérito está aforado desde su abdicación. El fiscal encargado del caso, Juan Ignacio Campos, no ha dado ningún paso concreto de momento, por lo que Don Juan Carlos no está investigado formalmente.

A pesar de ello, no faltan quienes, antes de que se pronuncie la Justicia, ya lo han sentenciado, como viene siento habitual en determinados ámbitos que buscan el rédito político inmediato sin respetar en ningún momento el derecho a la presunción de inocencia. Son los mismos quienes, de forma torticera y engañosa, definen la nueva situación como un exilio o una huida encaminada a eludir la acción de la Justicia.

Es preocupante que una parte del propio Gobierno de la nación se encuadre en este grupo, alentando un cambio de régimen y despreciando la fabulosa herencia política de Juan Carlos I a costa de sus presuntas actividades privadas.

Cabrá concluir la investigación judicial con todo el rigor y la máxima transparencia. Pero aprovechar tal circunstancia para promover la proclamación de la Tercera República, defendiendo un régimen que muchos ciudadanos no desean, sería, además, un error que el país no se puede permitir en la actual situación. Sumar a la crisis sanitaria y a la recesión económica una crisis institucional sería suicida; además de ser profundamente injusto hacia la figura de Felipe VI, quien ha tenido que amparar la institución que devolvió la democracia a España con dolorosas decisiones que atañen a sus familiares más cercanos.