El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, por 180 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones (una de ellas, la de la diputada socialista y exvicpresidenta del Gobierno Carmen Calvo) el Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
El texto, impulsado por el Ministerio de Igualdad y por la titular de este departamento, Irene Montero, autoriza a los menores, a partir de los 12 años, a autodeterminar su género, si bien, hasta los 14 años, resulta obligatoria la intermediación de un juez.
Entre esta edad y los 16 años, es suficiente con la intervención de progenitores o tutores en el proceso, y, a partir de los 16, la normativa no fija ningún tipo de requisito.
El Proyecto de Ley, aprobado ahora en el Congreso, deberá seguir su tramitación en el Senado, que podría aprobar el documento en todos sus términos, o bien enmendarlo o vetarlo. En los dos últimos supuestos, la iniciativa debería retornarse al Congreso de los Diputados para ser debatida nuevamente antes de su aprobación definitiva.
El contenido de la nueva ley coincide con el dictamen que emitió la Comisión de Igualdad en su sesión del pasado 12 de diciembre, una vez que fueron rechazadas las enmiendas presentadas por diversos grupos parlamentarios.
El documento consta de 77 artículos estructurados en un título preliminar y otros cuatro títulos, además de las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Entre sus principales objetivos, la normativa cita la necesidad de “desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales erradicando las situaciones de discriminación".
Asimismo, el texto pretende constituirse en “la garantía de los derechos" de las personas LGTBI, eliminando los “obstáculos” que pudieran impedir a este colectivo “ejercer plenamente su ciudadanía".
De esta manera, entre otras cuestiones, el Proyecto de Ley regula el procedimiento y los requisitos para la rectificación sobre el sexo y el nombre de las personas en los registros de los ámbitos públicos y privados.
Esta regulación ha suscitado un profundo debate en el seno del propio Gobierno entre los partidarios de imponer más restricciones en cuanto a la autodeterminación del género, especialmente en el caso de los menores de edad, y los defensores de propiciar una mayor ‘manga ancha’ a estas disposiciones.
Este último posicionamiento es el que ha defendido uno de los socios de la coalición, Unidas Podemos, frente a las reticencias mostradas por una parte del ala socialista del Ejecutivo. En este último bloque se hallaba la que fuera vicepresidenta del Gobierno durante el primer tramo de la legislatura, Carmen Calvo, que, en la sesión de este jueves, ha denegado, como diputada del PSOE, su apoyo a esta Ley y ha procedido a abstenerse.
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