Duros reproches del vicepresidente del Govern y miembro de Podemos, Juan Pedro Yllanes, a la ministra de Igualdad por sus acusaciones de 'machismo' a la judicatura. "No son jueces machistas, son jueces profesionales", le ha espetado Yllanes en un encuentro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en Palma.
El vicepresidente del Govern y conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, que comparte militancia política con la ministra de Igualdad en Unidad Podemos y es juez en excedencia, se ha desmarcado de su compañera de partido y ha considerado "temerario" afirmar que la revisión de sentencias a raíz de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre es cuestión de jueces machistas.
"Creo que ha sido un exceso verbal, el calificativo no es el más adecuado", ha afirmado este miércoles el conseller, en declaraciones a los medios En este sentido, el vicepresidente del Govern ha remarcado que los jueces "tienen la obligación estricta de aplicar la ley penal más favorable" y, por tanto, están realizando su trabajo.
Por ello, Yllanes ha considerado que "lo más importante" es que esta cuestión llegue al Tribunal Supremo para que unifique la doctrina acerca de si proceden o no las revisiones que se están realizando. "Esa va a ser la guía que van a seguir todos los tribunales, y si efectivamente se mantiene que hay que seguir revisando, porque existe este defecto, lo que hay que hacer es proponer un nuevo texto", ha sentenciado el conseller.
Por su parte, el presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha asegurado que "hay determinados límites" que no se pueden traspasar y que "dudar de los jueces supone pasar una línea que no debería superarse en ningún caso".
Todo después de conocerse la reducción de penas a bajo el amparo de la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como la 'ley 'sí es sí'. Montero había afirmado que el machismo "puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la Ley o que la apliquen de forma defectuosa".
El portavoz de esta asociación judicial, que celebra su asamblea anual en Palma desde este miércoles hasta el próximo viernes, ha señalado que entiende "la crítica política, porque forma parte del juego normal en un contexto de año electoral", pero ha precisado que existen "límites a traspasar, que son los que tienen que ver con el funcionamiento regular de las instituciones".
En este sentido, Fernández Vaquero ha destacado que, "cuando una persona desempeña un cargo público, debe tener bien clara la función del resto de instituciones", en referencia directa a la ministra de Igualdad, y ha subrayado que "el poder judicial no es un instrumento de políticas gubernamentales".
Además, ha recordado que la reducción de penas constituye "un problema del que se había advertido", ya que la asociación emitió un documento técnico de análisis de la Ley 'solo sí es sí' en la que se alertaba de que "podría darse una situación de revisión de condenas, porque se han rebajado penas para algunos delitos".
De hecho, según el portavoz de esta entidad judicial, esta circunstancia "no es algo sorprendente para una persona con conocimientos mínimos que analice un texto legislativo". Bajo su punto de vista, el problema es que la Ley impulsada por el Ministerio de Igualdad "no establece ninguna regla" sobre cómo debe realizarse la revisión de las condenas, de tal manera que el "único criterio" es el del Código Penal, donde se promulga que las leyes penales favorables tienen efecto retroactivo.
"La Ley (del 'sí es sí') no dice absolutamente nada, y ese es el problema", ha concluido.
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