Universitarios, trabajadores fijos discontinuos, sanitarios, familias con bajos ingresos, con hijos en edad escolar, estudiantes desplazados fuera de su isla, usuarios de transportes públicos, padres obligados a conciliar, ciudadanos en busca de su primera vivienda... El catálogo de beneficiarios del paquete de medidas anunciado por Armengol para combatir la crisis y la subida de precios es tan extenso que, según cálculos del Govern, alcanzará a casi un millón de personas, el 80 por ciento de la población de Baleares.
El golpe sobre la mesa dado por la presidenta del Govern movilizará 200 millones de euros en los próximos meses y llega en un momento de gran incertidumbre en el que todas las administraciones se han activado para ofrecer fórmulas de alivio económico a los ciudadanos: desde el Gobierno central a través de los Presupuestos Generales a las comunidades autónomas con bajadas de impuestos o ayudas directas.
El manguerazo de dinero público no es ajeno al contexto preelectoral en el que nos movemos, con elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales a final del 2023. En este sentido, la jugada de Armengol tiene también un efecto de cara a los ciudadanos que deberán elegir en ocho meses a aquellos que gobernarán durante los próximos cuatro años. No en vano, la primera valoración de sus socios fue que el plan anunciado por la presidenta constituía el primer paso para conformar un quinto Pacte de Progrés en las islas.
En política, sin embargo, los tiempos son tan cambiantes que nada es seguro y todo puede variar en cuestión de días. Por ello, la oposición deberá espabilar si quiere contrarrestar el anuncio arrollador de Francina Armengol, mientras que el Govern deberá asegurar que la burocracia y las tramitaciones engorrosas no den al traste con el plan. El dinero debe llegar a sus destinatarios en tiempo y forma para que tenga un efecto en las economías domésticas, e indirectamente en las urnas, como sin duda pretende el Govern. Ejemplos como la pésima gestión del Ingreso Mínimo Vital, cuya tramitación deja a miles de beneficiarios fuera del sistema deberían evitarse.
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