Este lunes 12 de septiembre es el Día D, la jornada marcada en color rojo por los estudiantes y sus familias. Esta es la fecha elegida en Baleares para el inicio del curso escolar 2022-2023, que llega condicionado por una realidad incuestionable: los graves efectos de la inflación en el gasto que han de afrontar las economías domésticas para que la población escolar comience las clases. Las estimaciones indican que las familias de las islas deberán desembolsar una media de 400 euros por cada hijo escolarizado. Pero eso solo será el comienzo: la OCU ha advertido de que, sumando todos los gastos que se originarán a lo largo de este periodo lectivo, el desembolso se acercará a los 2.200 euros por alumno.
En las islas, la inversión que han tenido que afrontar las familias para adquirir libros de texto, uniformes, calzado, artículos de escritorio y el resto del material asociado a la actividad académica, ronda los 400 euros, es decir, cerca de un cinco por ciento más que en el curso anterior.
Así lo exponen los numerosos estudios e informes que se han venido realizando estas semanas en torno a la evolución de este capítulo del gasto que, todos los meses de septiembre, amenaza con hacer zozobrar el presupuesto familiar, y que en este 2022, con la inflación campando a sus anchas y en pleno apogeo, presenta unos registros especialmente duros.
La situación en Baleares -donde comienzan el curso 180.000 alumnos- no es muy diferente a la del resto del Estado, donde, como media, los padres habrán pagado en la ‘vuelta al cole’ de este año 405,70 euros, que implica una subida del 4,7 por ciento respecto al periodo académico precedente y, en cifras absolutas, 37,70 euros más que cuando se inició el ciclo docente de 2021, cuando la factura supuso un dispendio de 386,76 euros.
Sin embargo, esto es solo el inicio. O, como afirmarían algunos, el aperitivo. Porque el gasto al que se ven abocado las familias por la escolarización de sus hijos no empieza y acaba, ni mucho menos, en septiembre. Muy al contrario, se prolonga a lo largo de los diez meses de ciclo lectivo, y eso implica que, cuando finalice el curso que en Baleares está a punto de comenzar, los progenitores habrán desembolsado más de de dos mil euros, por término medio, en la adquisición de material escolar.
Así figura en un estudio divulgado por la organización de consumidores OCU, donde se recoge que las familias gastarán de media 2.186 euros por hijo, en el curso 2022-2023, una cifra sensiblemente más elevada que en ejercicios precedentes, a causa, principalmente, del entorno inflacionista que afecta al conjunto del país y a la totalidad de la oferta comercial, productiva y de servicios, incluidos los más básicos y elementales.
A través de un sondeo llevado a cabo el pasado mes de julio, entre un millar de familias con hijos en edad escolar, de entre tres y 18 años, la OCU recabó información sobre la ‘cesta de la compra’ escolar en el caso de 1.530 estudiantes pertenecientes a diferentes niveles académicos.
Algunos de estos gastos son de carácter anual y, por tanto, solo se pagan una vez. Así ocurre, por ejemplo, con la matrícula, el uniforme, los libros o algunos artículos de material escolar; otros desembolsos se abonan cada mes, y ahí es donde entran, sin ir más lejos, la facutura del servicio de comedor, el transporte escolar o determinadas actividades que se imparten fuera del horario lectivo, como el refuerzo del aprendizaje idiomático.
De esta manera, sumando estos y otros dispendios, y en función de los datos proporcionados por las familias a OCU, cada alumno de entre tres y 18 años acarreará una inversión media, este nuevo curso escolar, de 2.186 euros, una cantidad que, según expresa esta entidad dedicada a dar la batalla en el terreno de los derechos de los consumidores, "supera los registros de años anteriores", aunque, a su juicio, “no es ninguna sorpresa, ya que todo está subiendo de precio, y los gastos escolares no son una excepción”.
Sin embargo, el dato proporcionado por OCU representa tan solo una media. En realidad, el gasto real derivado de la escolarización varía enormemente en función de distintos factores. Por ejemplo, el tipo de centro en el que se ha matriculado al alumno, ya que el gasto anual puede ser de mil euros por hijo o superar los 6.900 euros si se trata de un colegio privado. Los estudiantes asignados a centros concertados requieren un desembolso muy cercano a los 3.000 euros (2.975, concretamente), siempre según el sondeo realizado por OCU.
Cabe tener en cuenta también, a la hora de valorar estos datos, que un 56 por ciento de los alumnos cuyas familias participaron en la encuesta acuden a un centro público, frente a un 36 por ciento que acude a un colegio concertado y un 8 por ciento que se halla inscrito en un centro privado.
También el nivel de estudios que se vaya a cursar es determinante a la hora de calcular la factura anual: la ‘vuelta al cole’ de los niños de menor edad, que requieren un porcentaje superior de gastos fijos, sale, en general, más cara que el regreso a las aulas de sus compañeros de secundaria.
¿Y cuáles son los artículos y servicios que, en mayor medida, exigen a las familias rascarse el bolsillo? Por supuesto, el primer capítulo importante del gasto son los libros de texto, que suponen, de media, unos 200 euros, si bien, una vez más, persisten notables diferencias en cuanto a los tipos de centro y los niveles educativos.
En segundo lugar, hay que sumar el material escolar (lápices, cuadernos, bolígrafos, tapas...), que genera un desembolso estimado en unos 95 euros de media al año. Y, por supuesto, no se puede dejar de lado el gasto en ropa y calzado y la compra del uniforme, que es obligatorio en no pocos centros escolares y exige un dispendio de unos 160 euros por niño.
A todos estos conceptos hay que agregar las cuotas que hay que pagar a la Asociación de Madres y Padres (AMPA) o bien otras entidades u organizaciones similares asociaciones equivalentes (unos 30 euros anuales), así como actividades periódicas que el colegio organiza y pone a disposición de la comunidad escolar, como las excursiones, las salidas o, desde luego, los inevitables viajes de estudios.
En otros estudios, también muy recientes, OCU ya ha había puesto de manifiesto la magnitud del problema de la escalada de precios en el entorno docente, destacando que el 27 por ciento de las familias españolas tuvo problemas, el año pasado, para afrontar los gastos educativos. Este año, con las facturas más caras y un panorama inflacionista todavía más desbocado, las expectativas se presentan incluso más oscuras.
El curso escolar 2022-2023 comienza este año unos días más tarde que en años anteriores tanto en Baleares como en la mayor parte de las comunidades autónomas. Cataluña es el único territorio donde las clases ya han dado inicio: concretamente, lo hicieron el pasado 5 de septiembre en el ámbito de Infantil y Primaria, y, dos días después, el 7, en cuanto a Bachillerato y Formación Profesional. En las islas, el regreso a las aulas se formalizará este lunes 12 de septiembre.
Otra de las cuestiones que marca el comienzo del nuevo periodo lectivo tiene que ver con la implantación en los cursos impares de las modificaciones del currículo fijadas por la LOMLOE, que ya entró en vigor en 2021.
Si durante el ciclo anterior 2021-2022 ya se introdujeron algunos de los cambios recogidos en la nueva ley, como los criterios de admisión a los centros o el acceso a los títulos con suspenso y por valoración de los equipos directivos, este año las modificaciones se centrarán en el aprendizaje por competencias, la incorporación de nuevas asignaturas y la ampliación de modalidades en la oferta educativa de bachillerato artístico.
Asimismo, la ley requiere cambios en los libros de texto, sobre los que este año gira la incertidumbre debido al retraso de la publicación de los currículos por parte del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Por esta razón, las asociaciones de familias consideran que la LOMLOE es un "agravante", que también derivará, sumada a la inflación, en un mayor gasto en la compra de material escolar. Asimismo, han advertido de que este encarecimiento repercutirá no solo en él inicio, sino también durante el curso, apartando a los niños de actividades como las extraescolares.
Con el mes de septiembre ya comenzado, todavía hay seis autonomías que tienen pendiente de aprobar sus decretos decretos curriculares: concretamente, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Galicia y País Vasco, según la información facilitada a Europa Press por parte de la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE). Esta entidad ha lamentado que no puede confirmar los libros con los centros hasta disponer de estos currículos autorizados.
ANELE ha asegurado, sin embargo, que los libros de texto estarán disponibles para el inicio de curso, si bien Andalucía no los va a renovar y la Región de Murcia solo cambiará los de Primero y Tercero de Primaria. La asociación ha explicado que mantener los libros antiguos en estas comunidades tiene que ver con la dotación presupuestaria con la que cuentan para sus programas de gratuidad por sistema de préstamos.
El nuevo curso también se pondrá en marcha acompañado de otras medidas adoptadas por el Gobierno central en el marco de la crisis actual, como es el caso de la beca complementaria de 100 euros mensuales de septiembre a diciembre para todos los beneficiarios de becas y ayudas de la convocatoria general de Educación en el año escolar 2022-2023. El Gobierno destinará 400 millones de euros para financiar esta ayuda que prevé llegar a un millón de beneficiarios.
Por otro lado, este curso volverá a desarrollarse sin ningún tipo de restricción tras varios años de aplicación de los protocolos de prevención de la Covid 19. El Ministerio de Sanidad ha eliminado de las aulas los requisitos sobre ventilación permanente y distancia interpersonal en comedores, entre otras medidas.
Entretanto, varias comunidades, entre ellas Baleares, han anunciado que no pondrán en marcha protocolos concretos en este sentido, si bien ello estas administraciones autonómicas han precisado que esto no significa que vayan a bajar la guardia. Además de Baleares, han optado por esta vía País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Asturias y Andalucía.
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