Uno de los acusados de estafar a varias personas al vender dependencias del antiguo apartahotel Espigol Beach (Can Picafort) como viviendas residenciales ha asegurado no recordar ser el administrador de la entidad y que "firmaba muchas cosas" al estar "mandado" por su padre.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha arrancado este lunes la primera sesión del juicio contra los seis procesados en la causa, para quienes la Fiscalía pide penas que suman hasta 36 años de cárcel e indemnizaciones para los perjudicados que alcanzan los 906.000 euros.
Durante su intervención, el encausado ha negado ser el administrador en el momento en que sucedieron supuestamente los hechos --entre 2004 y 2005 según la fiscal-- y ha manifestado que no recuerda haber firmado obras de conversión del apartahotel a viviendas residenciales --como por ejemplo hacer desaparecer la recepción-- o contratos de venta de dichos apartamentos.
"Firmaba muchas cosas, yo iba mandado por mi padre, no recuerdo nada", ha reiterado el hombre ante el Tribunal. Además, ha concretado que quien administraba la empresa era su padre, que estaba "frecuentemente" de viaje, y que hacía "lo que dijera él".
Asimismo, respondiendo a las preguntas de su abogado, ha remarcado que "nunca" ha negociado nada con el resto de los acusados y que el que tomaba la decisión de los acuerdos era su progenitor, al tiempo que ha afirmado que desconoce los negocios que ha firmado por obligación de su padre.
Del mismo modo se ha pronunciado su hermano y también acusado durante el interrogatorio, que ha añadido que "del tema de las negociaciones" ellos no se encargaban. "Él --su padre-- nos decía donde teníamos que ir a firmar e íbamos, nunca he intervenido en una venta", ha aseverado.
Con todo, un tercer acusado ha señalado en la Sala que la compra de la entidad la negoció con el padre "pero algunas veces venían los hijos" y ha admitido que conocía que eran apartamentos turísticos. Además, ha informado al Tribunal que las obras que se hacían en el apartahotel eran para "hacer los trasteros y los apartamentos" y que en el momento de ser administrador "ya se habían realizado ventas".
Una cuarta acusada, en su caso en calidad de cooperadora necesaria, ha argumentado durante la sesión que "nunca" ha recibido dinero ni ha visto los apartamentos pese a figurar como parte vendedora. Del mismo modo se ha expresado la quinta procesada, que ha asegurado no haber cobrado "nada".
El último en declarar ha sido un promotor inmobiliario, encausado también bajo la condición de cooperador. Este último ha manifestado que sabía que eran apartamentos turísticos que "se habían convertido en viviendas" y que conocía que carecían de cédula de habitabilidad y contadores.
Según el escrito de la fiscal, los seis acusados, puestos "de común acuerdo" para ejecutar un plan preconcebido para obtener un "enriquecimiento ilícito", organizaron un complejo entramado de "operaciones fraudulentas" para vender 28 apartamentos del apartahotel a particulares.
Además, señala que ocultaron que los apartamentos estaban destinados a explotación turística, con lo cual las viviendas quedaban fuera de la ordenación urbanística y, en consecuencia, carecían de cédula de habitabilidad para gestionar los diferentes suministros de agua y luz. Todo esto hacía que los compradores no pudiesen habitar, alquilar o vender estos apartamentos.
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