Ha pasado casi una década desde que se inició la compleja instrucción de lo que hoy conocemos como el caso Cursach, una instrucción que fue especialmente controvertida durante los años en que estuvo en manos del juez Manuel Penalva y del fiscal Miguel Ángel Subirán. En ese periodo concreto no sólo hubo decenas de personas imputadas, sino también numerosos policías y funcionarios bajo sospecha, políticos defenestrados y políticos en guerra, concentraciones contra los propios instructores, supuestas filtraciones del sumario, solicitudes de recusación, testigos amenazados o agredidos, testimonios más que dudosos y los primeros encarcelamientos provisionales, entre ellos el del propio Cursach.
Los antecedentes del caso cabe situarlos en dos investigaciones distintas puestas en marcha inicialmente por la jueza Carmen González, que empezó a indagar sobre sendas posibles tramas de corrupción, una en el seno de la Policía Local de Palma y otra en el seno de la Policía Local de Calvià, que aparentemente no tenían ninguna vinculación entre sí. En Palma, la jueza investigaba el presunto amaño de unas oposiciones convocadas en 2012 para poder acceder al grado de inspector de la Policía Local, mientras que en Calvià examinaba la presunta existencia de sobornos a policías municipales. González sería sustituida en la instrucción de esas dos causas por Penalva, tras haber solicitado previamente un cambio de destino.
A raíz de las primeras indagaciones realizadas en Palma y en Calvià, el juez Penalva y el fiscal Subirán empezaron a plantearse la posibilidad de que aquellas dos supuestas tramas de corrupción en apariencia distintas pudieran tener algún vínculo en común y de que quizás más adelante pudieran aparecer posibles derivaciones inicialmente no contempladas. Así, además de investigarse en Palma la supuesta manipulación de las citadas oposiciones en la jefatura del cuerpo policial, a partir de 2015 se investigó también la presunta extorsión a bares y clubs de la Platja de Palma por parte de agentes de la Patrulla Verde o la supuesta celebración de fiestas privadas en Tito's sólo para policías locales. Dicha discoteca era propiedad de Cursach, quien durante décadas fue considerado el principal empresario del sector del ocio nocturno en Mallorca.
Penalva y Subirán concluyeron prácticamente desde el primer momento que en realidad existía una vasta y única trama de corrupción —policial, política y empresarial a un tiempo—, que contaba con varias ramificaciones y cuyo supuesto impulsor habría sido Cursach, quien poseía negocios en Palma y Calvià. Según esa hipótesis, el empresario habría contado durante años con la "protección" de policías, políticos y funcionarios, que habrían favorecido al Grupo Cursach a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los negocios de la competencia con continuas inspecciones y sanciones. Esa acusación fue siempre negada por Cursach y por sus colaboradores.
La percepción que tenían Penalva y Subirán de que Cursach podía ser el posible nexo de unión entre las distintas causas que estaban investigando, motivó que a partir de un cierto momento los medios encuadrasen todas esas causas con un único epígrafe, el de 'caso Cursach', que se consolidó con cada nueva línea de investigación paralela que fueron abriendo el juez y el fiscal. El ya denominado definitivamente caso Cursach fue haciéndose cada vez más complejo, dando lugar a sucesivas piezas separadas. Fue también entonces cuando empezaron a surgir críticas cada vez más fuertes por el modo en que se estaba desarrollando la instrucción del caso, al entender los principales afectados e imputados que muchas decisiones de Penalva habrían estado marcadas por la falta de fundamentación y la arbitrariedad.
Un ejemplo paradigmático de las posibles deficiencias e irregularidades habidas durante la instrucción tuvo como protagonista a la testigo protegida número 31, conocida como la "madame" por haber sido meretriz. Inicialmente, esta testigo declaró que dos políticos locales del PP supuestamente implicados en la trama eran agasajados en el burdel que al parecer regentaba. Otros testimonios iniciales de esta testigo sirvieron, además, para incriminar a varios policías locales en el caso Cursach. Sin embargo, con posterioridad la "madame" se desdijo ante el TSJIB de casi todo lo que había dicho en sus declaraciones anteriores, afirmando que en su momento habría mentido tras haber sido inducida a ello por Penalva y por Subirán.
Tampoco acabó bien el otro testigo estrella, el 29, de quien la Policía Nacional llegó a aseverar que era "capaz de acusar sobre hechos falsos". Este hombre, que inicialmente tenía la condición de testigo protegido y que posteriormente sería imputado por falso testimonio, había trabajado en Tito's como recogevasos. Fue este testigo el que en su momento denunció, entre otras cosas, la supuesta existencia de fiestas privadas con drogas y prostitutas en Tito's, en las que presuntamente se habría agasajado gratuitamente a diversos policías locales de Palma.
Las crecientes dudas sobre la labor de Penalva motivaron que ya en marzo de 2018 la Audiencia Provincial le apartase de este macroproceso por "pérdida de apariencia de imparcialidad". El sustituto de Penalva al frente de la instrucción del caso Cursach pasó a ser el juez Miquel Florit, quien se hizo cargo de las diversas piezas separadas que estaban ya en marcha. Sin embargo, Florit tuvo que dejar también el caso, al ser procesado en 2019 por ordenar requisar los teléfonos móviles a dos periodistas que cubrían el caso Cursach. En el juicio posterior, celebrado en febrero de 2020, Florit resultó absuelto. Finalmente, pasaron a ocuparse del caso los jueces Antoni Garcías y Enrique Morell.
La instrucción de la pieza principal del caso Cursach se cerró en 2018. En diciembre de aquel año, la Fiscalía Anticorrupción presentó un primer escrito de acusación, en el que consideraba que para esta pieza debían sentarse en el banquillo un total de 24 personas, entre ellas el propio empresario isleño y su 'número dos', Bartolomé Sbert. El Ministerio Público solicitaba entonces para Cursach un total de ocho años y medio de cárcel, como presunto autor de los delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. Entre el resto de acusados, la mayoría eran policías locales de Palma, si bien había también varios funcionarios y un alto cargo del Govern.
Con posterioridad, como se ha indicado ya, buena parte de la instrucción llevada a cabo por Penalva y Subirán fue puesta en entredicho, lo que hacía prever que la Fiscalía presentaría un nuevo escrito de acusación poco antes del inicio de la vista oral, como así ha ocurrido finalmente. En ese nuevo documento, firmado por los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz el pasado 30 de mayo, se acusa a Cursach ya únicamente de dos delitos, integración en grupo criminal y prevaricación, solicitando para él una pena total de un año y medio de prisión. Para Sbert, la pena global solicitada ha pasado de los ocho años y medio que se pedían en 2018 a los tres años y medio que se piden ahora.
Carrau y Herranz han retirado además la acusación que pesaba hasta ahora contra otros tres empleados del Grupo Cursach, contra los tres funcionarios encausados y contra el mencionado alto cargo del Govern, esencialmente por la falta de verosimilitud o la ausencia de pruebas de los hechos que se les imputaban. En ese sentido, se ha descartado por ejemplo por completo la existencia de supuestas orgías en Tito's. Ambos fiscales sí mantienen, en cambio, la acusación contra los policías locales procesados en esta pieza, si bien han rebajado la petición inicial de cárcel o de inhabilitación para la mayoría de estos agentes.
El nuevo escrito de la Fiscalía no evitará, en cualquier caso, que este lunes deban presentarse inicialmente en la vista oral un total de 23 personas —de las 24 encausadas originariamente una falleció—, ya que por ahora las acusaciones particulares no han cambiado sus criterios de calificación iniciales. Cabe recordar que las acusaciones particulares están conformadas por empresas que se consideran perjudicadas por Cursach, para el que siguen pidiendo elevadas penas de prisión, de hasta 41 años en total. En cuanto a la Abogacía de la Comunidad, que se había personado también en el proceso, decidió retirarse tras conocer el contenido del último escrito del Ministerio Público.
Este será el tercer juicio al que se enfrente Cursach. En el primero, que tuvo lugar en junio de 2018, se condenó al empresario a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. La mencionada sentencia no implicó el ingreso de Cursach en un centro penitenciario, ya que se tuvo en cuenta que el magnate había pasado previamente 13 meses en prisión provisional, entre marzo de 2017 y abril de 2018, por orden de Penalva. El empresario pudo salir entonces de la cárcel y quedar en libertad con cargos después de haber abonado una fianza de un millón de euros. Con posterioridad, en julio de 2019, Cursach fue juzgado y condenado a pagar una multa de 9.000 euros por haber calificado a Penalva como "subnormal" hasta en tres ocasiones poco después de haber salido de la cárcel.
Ahora, a pocas horas de que la Audiencia Provincial acoja este nuevo juicio, una de las paradojas del actual momento es que mientras el horizonte judicial de Cursach parece estar cada vez más despejado, ocurre justo lo contrario para Penalva, Subirán y los cuatro agentes del antiguo Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma que colaboraron con ambos juristas en sus investigaciones contra Cursach. Así se desprende del reciente auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, del 6 de junio, que da luz verde a juzgar a Penalva, a Subirán y a esos cuatro policías por diversos delitos, entre ellos los de detención ilegal, obstrucción a la Justicia y revelación de secretos.
La prevaricación se habría producido por supuestamente haberse ordenado detenciones ilegales en el marco del denominado caso ORA, en el que se investigaban presuntas irregularidades en la nueva adjudicación de la gestión de este servicio municipal a una empresa concreta. En cuanto a la obstrucción a la Justicia, habría tenido lugar por las coacciones a las que habrían sido sometidos varios testigos e imputados también en el caso ORA. Por lo que respecta a la revelación de secretos, estaría vinculada a las supuestas filtraciones a periodistas que informaban sobre el caso Cursach. El citado auto del TSJIB, que no es recurrible, representa el último eslabón judicial de las investigaciones que se habían iniciado en 2018 contra Penalva, Subirán y esos cuatro policías a raíz de una denuncia previa presentada por Cursach y Sbert.
Con independencia de cuál sea el resultado final de la vista oral que empieza mañana, un daño colateral ya inalterable ha sido el del gran perjuicio económico y también personal ocasionado al Grupo Cursach por una instrucción hoy bajo sospecha. En ese sentido, unas actuaciones judiciales como mínimo cuestionables y la posterior llegada de la pandemia han sido determinantes para que en estos últimos años el grupo se haya visto obligado a vender algunas de sus propiedades más emblemáticas, entre ellas la discoteca Tito's.
Por todas las razones señaladas hasta ahora, quizás no resulte del todo inoportuno recordar hoy que, hace ya veinticinco siglos, el gran filósofo griego Platón afirmó en La República que "la peor forma de injusticia es la justicia simulada". Desde entonces, parecería que algunas cosas han cambiado muy poco o tal vez apenas nada.
Suscríbase aquí gratis a nuestro boletín diario. Síganos en Twitter y Facebook. Toda la actualidad de Mallorca en mallorcadiario.com.