Según el escrito del fiscal, en octubre de 2010, ambos procesados, como administradores solidarios de una empresa de Ibiza, emitieron como anticipo de obra futura una factura por valor de 17.061 euros, que fue abonada debidamente por otra mercantil, la supuesta perjudicada.
Con todo, la Fiscalía asegura que estas obras nunca se llegaron a realizar y, pese a ello, los acusados incorporaron el importe a su patrimonio y lo destinaron a ejecutar obras diferentes.
El Ministerio Público considera tales hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida, por lo que pide la pena de dos años de prisión para cada uno de los encausados. Además, solicita que indemnicen a la empresa afectada en la cantidad de 17.061 euros, con aplicación de los intereses legales correspondientes.
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