La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido este lunes al Parlamento Europeo una directiva específica contra la explotación sexual infantil, y ha reclamado que la lucha contra esta lacra sea "una prioridad en toda Europa", todo ello en el marco de su encuentro con los eurodiputados desplazados a Palma para indagar en torno a los casos de abusos sexuales de menores tuteladas ocurridos en Mallorca.
La petición del Govern se produce el mismo día que han comenzado en Palma los trabajos de una delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que analiza varias denuncias sobre supuestos casos de abusos sexuales a menores tuteladas por la administración. Estos trabajos se prolongarán a lo largo de dos jornadas, con nueve reuniones que registrarán la partipación de una veintena de personas, entre cargos políticos, testigos, familiares y profesionales.
Este lunes por la tarde, los eurodiputados de la misión se han reunido, en el Consolat de Mar, con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Afers Socials i Esports, Fina Santiago. Ambas responsables políticas han informado a los eurodiputados en torno al protocolo balear de detección de la explotación sexual infantil, que, según han afirmado, es "pionero en España", y que fue aprobado la pasada legislatura. Igualmente, les han puesto al corriente de las campañas de concienciación y formación realizadas en las islas.
Además, tanto Armengol como Santiago han instado a los diputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a trasladar al resto de regiones del bloque los protocolos y las actuaciones de lucha contra esta lacra que se llevan a cabo en Baleares y que, bajo su punto de vista, "dan resultados".
Las representantes de Govern han explicado las tareas de coordinación y formación realizadas por la institución en el marco de sus competencias. Cabe recordar que la protección y la tutela de menores en el archipiélago está transferida a los consells insulares desde hace 24 años. Igualmente, han entregado a la delegación europea los diferentes protocolos y acciones impulsados en las islas, que ya se enviaron a la Eurocámara en su momento, por si pueden ser de utilidad para unificar normativas y criterios de actuación.
El Govern ha recordado que "según UNICEF, se producen casos de este tipo en todo el mundo, pero no siempre se documentan y se denuncian como se hace en Baleares, primer paso fundamental para afrontar el problema".
El Ejecutivo autonómico ha recordado que Baleares fue una de las primeras autonomías en elaborar, en 2017, un "protocolo multiinstitucional" para la detección y la actuación de los profesionales, con líneas de actuación, detección, notificación, evaluación y tratamiento desde los diferentes ámbitos competenciales, con grupos de coordinación para valorar su cumplimiento, su seguimiento y proponer cambios.
Al protocolo, firmado por los consells de las cuatro islas, ayuntamientos, entidades del tercer sector, órganos judiciales (Instituto de Medicina Legal y Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito) y fuerzas y cuerpos de seguridad, se suma la elaboración de una herramienta de detección que ya tiene el visto bueno de cuatro universidades. Este sistema será probado en cinco autonomías con el objetivo de que sea validado y aprobado antes de que finalice este año.
El Govern ha destacado la formación de personal del ámbito público sanitario, educativo y de ocio para detectar y denunciar los posibles casos de explotación sexual infantil y adolescente; los cursos para prevenir y educar a las menores, que han registrado la participación de 46.000 alumnas de entre 12 y 16 años; y los 150 talleres de formación a familias impartidos para la detección temprana de situaciones de riesgo.
Otra de las actuaciones esgrimidas por el Ejecutivo ha sido la campaña publicitaria denominada 'Para el explotador sexual, el objetivo eres tú', destinada a dar visibilidad a las formas de abordar a las menores por parte de los agresores, tal como recomendaron los expertos en la lucha contra esta problemática social. Todo esto se suma, según el Govern, al trabajo de los consells insulares en cuanto a adecuación de centros, personal y vigilancia, y evaluación y denuncia de casos.
Tras explicar las iniciativas impulsadas desde Baleares, Francina Armengol y Fina Santiago han pedido a los europarlamentarios que impulsen desde Bruselas una directiva europea específica contra la explotación sexual infantil y adolescente que la distinga de los abusos, tanto en su abordaje como en su registro estadístico.
El Ejecutivo balear también ha propuesto que la directiva incorpore mejoras en el combate de esta problemática, como que la búsqueda de los menores fugados de los centros de protección sea una prioridad policial, dada su alta vulnerabilidad, o la potenciación de campañas específicas contra la explotación sexual en el marco europeo. Finalmente, han reivindicado que la lucha contra la explotación sexual infantil sea una prioridad política de la Unión Europea.
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