SUCESOS Y TRIBUNALES

Las víctimas de trata podrán acceder a ayudas con la acreditación de entidades sociales

(Foto: Javier Fernández).
Redacción | Lunes 04 de abril de 2022

El Grupo de Seguimiento del "Plan de lucha contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual de Baleares" ha acordado este lunes establecer los requisitos en cuestión de un mes para que las entidades sociales puedan emitir la acreditación de su condición a las víctimas de trata.



El hecho de que a partir de ahora las entidades sociales reconocidas por las administraciones públicas competentes y especializadas en la materia puedan acreditar a las víctimas de tráfico es una de las medidas del Real decreto ley aprobado el martes pasado por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas y sociales provocadas por la guerra en Ucrania.

Esta medida da respuesta a una reclamación que el Govern balear había venido planteando en los últimos años, ha informado el ejecutivo en una nota.

El objetivo, según ha explicado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, es que las víctimas de tráfico "se puedan acreditar de una manera directa sin tener que pasar por triples procesos de victimización y accediendo directamente a todo el sistema de protección social al cual tienen derecho, lo cual supone un paso adelante decidido para ayudar a estas mujeres”.

Las mujeres que obtengan la acreditación tendrán acceso al sistema de protección social y a ayudas sin necesidad de denunciar su situación ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, una denuncia que muchas veces no se produce debido al temor a posibles represalias.

La entidad que lleve a cabo la acreditación, con el consentimiento previo de la presunta víctima, lo comunicará a la Delegación del Gobierno, a efectos de la identificación formal. Esto dará lugar a la regularización en los casos en que la víctima esté en una situación administrativa irregular, proceda de donde proceda.

En la reunión se ha acordado poner en marcha el grupo de trabajo que elaborará los requisitos para esta nueva acreditación en el ámbito autonómico, para que se pueda poner en funcionamiento en menos de un mes.

9 DE CADA 10 MENORES DE 12 AÑOS YA VEN PORNO

Por otro lado, el Instituto Balear de la Mujer, Ib-Dona, encargará un estudio sobre el impacto de la pornografía en la infancia y la juventud de Baleares. Los datos de diferentes estudios estatales revelan que el 90 por ciento de niños han visto pornografía antes de los 12 años. Se considera que el acceso a las primeras imágenes de pornografía se produce a partir de los 9, mientras que a partir de los 14 años pueden ser consumidores habituales.

El Govern quiere contar con un diagnóstico de esta problemática en Baleares, para poder abordarla.

El estudio que se encargará aportará conocimiento cuantitativo y cualitativo de las formas de acceso, uso y consecuencias de la pornografía en la infancia y la adolescencia; un análisis de la normativa existente, su nivel de implementación y grado de cumplimiento; y un análisis de las diferentes formas telemáticas existentes de control de acceso a contenido sexual indeseable para menores.

Finalmente, la reunión del Grupo de Seguimiento del "Plan de Tráfico" ha hecho balance de su aplicación en 2021. Se firmó un convenio de 210.000 euros con los consells para apoyar a víctimas de tráfico con fines de explotación sexual y mujeres en situación de prostitución y se otorgaron 123.000 euros a Casal Petit para la gestión del Proyecto Lausana de acogida para prostitutas y víctimas de tráfico.

Además, IB-Dona ha apoyado varios estudios de prostitución y trata. En cuanto al servicio de acompañamiento y atención social 24 horas, se han formado a sus trabajadores para poder ofrecer una atención más especializada, teniendo en cuenta que entre los idiomas de atención se encuentra el ucraniano.

También se está desarrollando una herramienta de detección del riesgo de explotación sexual en la infancia y la adolescencia, pionera, para la cual se están formando y preparando a los profesionales que la usarán para detectar y evitar casos.

Además Baleares lidera un proyecto conjunto con ocho comunidades y Melilla para establecer una red de comunidades autónomas libres de prostitución, tráfico y explotación sexual, ofreciéndoles una salida.

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