El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Palma (PGOU) elaborado por el Ayuntamiento de Palma está cosechando críticas desde los sectores más diversos. El redactado elaborado por el área que lidera Neus Truyol tiene anunciadas alegaciones por parte de comerciantes, vecinos, Asaja, Asima... Algunos reclaman, incluso, su retirada íntegra por defectos de forma o por atentar gravemente contra los intereses de colectivos clave en la vida económica y social de la capital.
La planificación urbanística proyectada para Palma por el área de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad no cuenta, ni mucho menos, con un apoyo mayoritario. Truyol ha conseguido poner de acuerdo a los sectores más dispares, lo que ya por sí mismo constituye una evidencia de que el plan debería ser modificado sensiblemente. Palma necesita transformar la norma urbanística actual, vigente desde 1998, pero no debería hacerlo sin el mayor nivel de consenso posible.
Estamos hablando de una planificación que deberá estar vigente para los próximos veinte años y que afectará a procesos productivos, construcción de viviendas, movilidad... La nueva planificación deberá hacer frente a retos nuevos y, sobre todo, deberá ser ejecutada a lo largo de los años por equipos de gobierno municipal de distintas tendencias e ideologías. Truyol y los suyos no pueden tratar de imponer ahora un modelo de ciudad que la mayoría de los palmesanos y sus instituciones rechazan.
La planificación del futuro urbanístico de Palma no se puede parar; hay que actualizarla a las necesidades actuales y futuras, pero se echa en falta mayor diálogo con los afectados en vez de impulsar una medida que, tras la aprobación inicial -y una vez conocido el texto-, está reuniendo tal cantidad de críticas.
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