El recurso de Pimem y la consiguiente decisión judicial de paralizar la licitación en bloque de nueve centros de salud ha trastocado los planes del Govern para que estos centros puedan entrar en servicio en el plazo previsto. Ahora, el ejecutivo de Armengol confía en que la patronal de la pequeña y mediana empresa retire el recurso y pueda quedar anulada la suspensión del proceso que dictaminó el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El Govern traslada así todo el peso del conflicto a Pimem, que actuó consecuentemente en defensa del sector, al entender que el procedimiento excluía a la práctica totalidad de las pequeñas y medianas empresas de la comunidad. El anuncio de la contratación se produjo el pasado 29 de diciembre, cuando salió a licitación una única concesión para nueve nuevos centros de salud: Bons Aires en Palma, Trencadors a S’Arenal de Llucmajor, Son Ferriol, Nuredunna de Artà, Pollença, unidad básica de Santa Margalida, unidad básica de Consell, la de Montuïri y la de Sant Joan.
La construcción de estos centros salió por valor de 86,4 millones de euros en un único contrato de concesión de obra a diez años. Como criterio de solvencia económica, los candidatos debían reportar una cifra anual de negocio superior a los 50 millones de euros y, además, se exigía una experiencia acreditada en la construcción de centros sanitarios. El modelo de contratación exigido por la administración dejaba prácticamente sin opciones de concurrir en el proceso a las empresas locales, lo que provocó la críticas de CAEB y el recurso de Pimem.
La situación deja en el limbo unas unidades de salud que son necesarias para cubrir las necesidades de las zonas afectadas. Cabe la opción de que Pimem ceda a la presión del Govern y retire el recurso, o que el ejecutivo balear rectifique las condiciones de forma que el procedimiento pueda seguir adelante con el menor retraso posible. Las prisas -y no haber previsto que el sector afectado se levantaría contra las condiciones exigidas- han jugado una mala pasada a los responsables gubernamentales.
En temas de este tipo, convendría mantener siempre un mayor diálogo previo con las empresas, convocadas tan a menudo a la Mesa de Diálogo Social para otros asuntos. Y en todo caso, rectificar -como los sabios- para que municipios, usuarios y trabajadores no se vean perjudicados.
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