Todo arranca con la denuncia del Colegio de Protésicos Dentales de Illes Balears (COPROIB) y la Guardia Civil pone en marcha una investigación junto con inspectores de Consum.
Los profesionales denunciaban la existencia de un taller ilegal en el que se estarían fabricando prótesis dentales a medida, sin permisos ni titulación.
Los investigadores localizaron a los responsables, un hombre y una mujer, y procedieron a inspeccionar el espacio en el que ambos fabricaban las dentaduras. La vivienda, ubicada en Vilafranca de Bonany, carecía de las medidas sanitarias exigibles para esta actividad.
Por otro lado, los agentes investigan a una tercera persona, la responsable de una clínica dental de Cala Rajada, por su supuesta implicación en la trama.
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