Todo comienza con la denuncia de un particular, Santiago Fiol -abogado y apasionado del mar- en el año 2018 por los constantes vertidos a la bahía de Palma.
El ministerio público pone en marcha una investigación y el Seprona de la Guardia Civil constata -después de numerosas inmersiones en la zona de los emisarios- la devastación absoluta de kilómetros cuadrados de lecho marino, incluída la posidonia.
El Juzgado de Instrucción 12 de Palma -por el que han pasado varios titulares a lo largo de la investigación- se basa en las conclusiones de la unidad técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, el estudio sobre el deterioro de la posidonia del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el análisis del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para contemplar un delito medioambiental por el que han sido llamadas a declarar la actual regidora de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, Inma Mayol, anterior gerente de Emaya y los ex directores generales de Medi Ambient del Govern, David Abril y Ventura Blach.
Cuando finalice la instrucción, se abrirá juicio oral para dilucidar responsabilidades penales por el deterioro de la calidad del agua, los sustratos y el ecosistema de la bahía.
De momento, la Fiscalía apunta directamente al Govern como responsable del desastre ecológico, ya que, pese a conocer la "gravísima situación", no realizó las inversiones necesarias y permitió las descargas contaminantes sin autorización "durante décadas", tal y como avanzaba este martes la agencia Efe.
En su informe, la Fiscalía resalta que la Dirección General de Recursos Hídricos "incumplió la normativa" del canon de saneamiento, que obliga a destinar a la red de depuración todo lo recaudado.
De hecho, el 48 por ciento de lo recaudado por el canon finalista de 2001 a 2015 se destinó a fines ajenos a los establecidos en la norma, según los datos aportados por Emaya al ministerio público.
Según una reclamación de inversiones que planteó Emaya al Govern, la cuantía del canon que fue a fines ajenos fueron 101 millones que podrían haber servido para "reducir la enorme carga contaminante que ha venido recibiendo la bahía de Palma durante las últimas décadas", señala la fiscalía.
Apunta además que el Servicio de Costas y Litoral de la Comunidad, "habría permitido que durante décadas se lleve a cabo un vertido de aguas residuales sin autorización", por tanto "contrario a la ley", y por encima de los "valores límite de emisión" de elementos contaminantes.
En un análisis basado en los datos aportados por Emaya y las observaciones y mediciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la Fiscalía recuerda que la bahía de Palma está declarada "zona sensible" por normativa autonómica, por lo que las aguas residuales que se vierten en ella deben tener un tratamiento "adicional al secundario" que limite los elementos contaminantes según índices preestablecidos.
Pero no es así. Las infraestructuras de Palma llevan años obsoletas y superadas por la realidad demográfica.
Por ejemplo, Palma tiene una depuradora con tratamiento terciario (EDAR 1) y otra con tratamiento adicional al secundario (EDAR 2) pero su capacidad "es muy insuficiente y resulta superada en prácticamente cualquier episodio de lluvia", tal y como señala la Fiscalía.
En el mejor de los casos, la mitad de las aguas que pasan por la EDAR 2 se someten al tratamiento más completo. Las que reciben tratamiento secundario superan frecuentemente los valores legales de materia orgánica y sólidos y multiplican por 500 los límites de bacterias fecales establecidos para zonas sensibles, recoge el informe.
Incluso las aguas residuales que con tratamiento adicional al secundario de la EDAR II incumplen los límites microbiológicos de nitrógeno y fósforo, reseña la Fiscalía a partir de datos de la propia Emaya que corroboraron los análisis de las muestras tomadas por el Seprona.
A las descargas "controladas" a través del emisario de la EDAR 2, que evacúa unos 700 metros mar adentro frente a la playa de Ciudad Jardín, hay que sumar el vertido de aguas residuales sin tratar por los aliviaderos subacuáticos y de superficie en los episodios de lluvias intensas, algo que ha ocurrido 78 veces de media cada año entre 2003 a 2018.
Además del impacto grave en la calidad de las aguas y los ecosistemas, que ha provocado la pérdida del 37,8 por ciento de las praderas de posidonia oceanica, según un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO), las aguas residuales generan "un riesgo de daño sobre la salud de los bañistas".
"En notables ocasiones, estos episodios ocurren en los meses de verano, coincidiendo con la temporada de baño", alerta la Fiscalía, que expresa dudas sobre si los datos que se hacen públicos de los análisis de las aguas de las playas "reflejan la calidad y situación real".
Lo que sí está constatado son los metales pesados en las aguas de la bahía, tal y como señala el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el informe que ha entregado a la jueza. Concretamente, 8,2 kilómetros cuadrados del lecho marino próximos a los puntos de vertido de aguas residuales y depuradas están contaminados por metales pesados, tales como arsénico, bario, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, molibdeno, níquel, plomo, selenio, vanadio y zinc.
Según el organismo -estatal, no depende del Govern ni del Ayuntamiento- del área de 9,3 kilómetros cuadrados del centro litoral de la bahía en la que vierten los aliviaderos submarinos de Es Baluard y el Portixol y el emisario del Torrent Gros, la zona de alta contaminación ocupa 1,2 kilómetros cuadrados y se ubica en torno a las bocas de salida de las aguas residuales.
Además hay un área perimetral de 2,8 km² con contaminación media por metales pesados, elementos que pueden resultar dañinos para la salud humana y los ecosistemas, y otros 4,2 km² de baja contaminación, mientras que los 1,05 km² más próximos a las playas de Can Pere Antoni y Ciudad Jardín no están contaminados.
Suscríbaseaquí gratis a nuestro boletín diario. Síganos en Twitter y Facebook. Toda la actualidad de Mallorca en mallorcadiario.com.