La Fiscalía, que sitúa los hechos entre 2005 y 2015, pide para los acusados penas de prisión que suman 15 años. En su escrito, el fiscal sostiene que una de las juzgadas, junto con su pareja y su hijo, realizó diversas operaciones fraudulentas con la intención de obtener un ilícito beneficio.
Además de los años de prisión, la Fiscalía pide una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios y una indemnización conjunta para las dueñas de las fincas por 700.000 euros.
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