Por meses, en enero se han registrado 183 actas, en febrero y marzo se han registrado 295 respectivamente, en abril 283 y en mayo, 333. En junio, si bien los datos son parciales, ya hay registradas 160. Cabe destacar que con la relajación de las medidas sanitarias, en concreto con el fin de la limitación de tráfico nocturno, ha aumentado el número de actas levantadas.
La Ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios públicos (Orucep), que es la que regula el botellón, establece, asimismo, un régimen sancionador, de acuerdo con el cual las multas pueden oscilar entre 100 y 750 euros en caso de infracciones leves; entre 750,01 y 1.500 euros en infracciones graves y entre 1.500,01 y 3.000 euros en caso de infracciones muy graves.
Los dispositivos antibotellón, que se llevan a cabo de una manera coordinada con la Policía Nacional, siempre tienen una vertiente de prevención, disuasión y dispersión y se realizan desde un enfoque de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, ha destacado Cort.
Sin embargo, ha matizado, este tipo de dispositivos solo es una muestra de la actividad que realiza la Policía de Palma que, durante esta situación excepcional, atiende tanto el devenir ordinario de la ciudad como la actuación derivada de la emergencia sanitaria.
Entre otras actuaciones, ha incidido el Consistorio palmesano, la Policía Local lleva a cabo controles de licencias y de normativa covid en los establecimientos de ocio nocturno en coordinación con el Cuerpo de Inspección del Govern; atiende al cierre de playas, al de parques y jardines; vela por el cumplimiento de normas de tráfico, etcétera y pone especial énfasis en la reactivación de la Policía de Barrio.
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