El director de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares (OAIB), Jaume Far, ha advertido este viernes que el Govern balear podría incurrir en una infracción grave o incluso muy grave si no entrega toda la información solicitada sobre la vacunación contra la covid-19 de altos cargos.
Si fuera considerada grave, la sanción iría de 1.000 a 10.000 euros, y hasta los 100.000 si es muy grave.
Far ha dejado claro que el Ejecutivo balear aún tiene tiempo, hasta el día 27, para remitir a la Oficina Anticorrupción toda la información, e incluso podría prorrogar este plazo si fuera necesario.
El director de la OAIB ha afirmado que "no tiene constancia" de que se hayan vacunado altos cargos del Govern contra la Covid 19, saltándose su turno, como sostiene el PP, pero ha subrayado que es un asunto que está en fase de estudio.
Far ha confirmado que, hasta ahora, no ha llegado ninguna denuncia anónima a su oficina. Por el momento solo están constatados los dos casos de altos cargos publicados en los medios de información, ha comentado Far a los periodistas en el Parlament balear.
Far ha aseverado que "el principio de integridad nos incumbe a todos los ciudadanos", también a los miembros y altos cargos del Govern balear.
También ha dicho que es "importante" la imagen pública que ofrecen a los ciudadanos los cargos elegidos y ha puesto como ejemplo que si cada fin de semana se levantan miles de actas en España a jóvenes por fiestas ilegales que no se pueden celebrar en plena pandemia, también hay que exigir un comportamiento "ético" a los cargos públicos.
"Si no es así, se crea un caldo de cultivo" y un estado general en la sociedad de que si no se cumplen las normas, "no pasa nada".
El Govern tiene de plazo hasta el 27 de abril para entregar a la Oficina Anticorrupción el listado de los altos cargos de Baleares, unos 1.600, vacunados hasta ahora.
, ha explicado Far, cuya oficina ha abierto una investigación para conocer si se ha respetado el orden de vacunación previsto según el protocolo sanitario, un documento que también ha sido requerido.
Far ha manifestado que saltarse la cola de vacunación no es un delito de corrupción, pero sí está vinculado a la ética y al buen comportamiento exigible a cualquier responsable político.
Sí se podría incurrir, ha continuado, en algún tipo de responsabilidad disciplinaria recogidas en la Ley de Transparencia o en el Estatuto del Empleado Público.
El Parlament balear ha acogido este viernes la sesión constitutiva del observatorio ciudadano contra el fraude y corrupción organizada por la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de Baleares encabezada por su director.
Se trata de un convenio que firma esta oficina con entidades sociales y ciudadanas de Baleares en un compromiso público en la lucha contra la corrupción.
Las seis entidades que han rubricado este acuerdo por ahora son la Fundación Iniciativas del Mediterráneo, la Fundación Ateneo Pere Mascaró, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), la PIMEM, y la Asociación Filosófica de las Islas Baleares (AFIB).
El objetivo es "dar visibilidad" a la labor de la Oficina Anticorrupción, un organismo que nace por la "presión popular" para luchar contra los casos de corrupción, ha recordado Far.
Sobre el funcionamiento de su oficina, Far se ha referido a que las 11 personas que la integran son pocas para el mucho trabajo y los objetivos que pretenden. "Hacemos lo que podemos", ha apostillado.
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