De las 24.494 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital realizadas en Baleares, tan sólo 1.276 se han aprobado, lo que representa un 5,2 por ciento del total. Así se desprende de la respuesta del Gobierno a una pregunta del senador Carles Mulet del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, del que forma parte Més per Mallorca. Esta información del ministerio, a la que ha tenido acceso mallorcadiario.com, no hace referencia sin embargo al número de subsidios que tras ser concedidos se estén realmente abonando, tal y como solicitaba el senador.
Desde que se pusiera en marcha el Ingreso Mínimo Vital -uno de los pilares del denominado 'escudo social' del Gobierno de Pedro Sánchez ante el estallido de la crisis del coronavirus- España ha recibido un total de 1.017.104 solicitudes de dicha ayuda, de las cuales sólo 136.413 han sido aprobadas y 192.113 han sido denegadas. El resto aún no han sido tramitadas por las correspondientes administraciones autonómicas, ya que si bien la ayuda es estatal, es cada región quien se encarga de gestionarla.
Este subsidio supone ingresos mensuales de entre los 461 euros a los 1.015 euros, si se trata de familias numerosas a partir de cinco miembros.
Según los datos del Gobierno, Baleares es la undécima comunidad en número de peticiones: 26.387 en total. De ellas, la cifra real tras descartar expedientes duplicados se rebaja a 24.494 y de estos, de momento sólo se han resuelto 6.974: 1.276 aprobados y el resto, 5.698, denegados.
Madrid encabeza el ranking de solicitudes con un total de 133.113 de los cuales sólo han recibido luz verde 12.897, mientras que Sevilla se acerca al número de peticiones aprobadas (11.495) habiendo registrado menos de la mitad de solicitudes, 62.861.
Por su parte, Barcelona -segunda región con mayor número de peticiones- sólo ha aprobado un 8,2 por ciento de los expedientes tramitados hasta la fecha (6.732 de 81.198) y Valencia, un 14 por ciento: 8.563 de 61.079.
Soria es la que menos peticiones ha recibido, 876, de las que han recibido luz verde 121, un 13,8 por ciento.
El Ingreso Mínimo Vital veía la luz el pasado 29 de mayo con el Real Decreto que ponía en marcha esta herramienta destinada a proporcionar un sustento económico de supervivencia a los sectores más vulnerables de la población.
Sin embargo, cinco meses después, los constantes retrasos en la tramitación de expedientes, la demora en la llegada de los pagos y la exclusión de gran parte de los candidatos solicitantes han lastrado las esperanzas con las que partió esta iniciativa del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, refrendada, además, con el apoyo en el Congreso de los Diputados de la práctica totalidad de grupos parlamentarios.
La pregunta que se hacen miles de ciudadanos es ¿por qué la Administración está denegando una cifra tan elevada de solicitudes de una prestación que había nacido para paliar los efectos de la crisis económica y de la desocupación en los sectores poblacionales más desguarnecidos?
Los argumentos planteados por la Seguridad Social para tumbar la documentación tramitada por el usuario son diversos, pero, sin duda alguna, el más habitual es que los ingresos de que dispone el aspirante a recibir esta renta de subsistencia sobrepasan los límites fijados por el Gobierno. Hasta ahí podría ser comprensible esta manera de proceder teniendo en cuenta que el IMV va dirigido, precisamente, a posibles perceptores que no cuentan con el poder adquisitivo mínimo para costearse los bienes y servicios esenciales. El problema reside, tal como han puesto de manifiesto varios colectivos asociativos y también los agentes sociales y sindicales, en que la Seguridad Social realiza el cómputo de los ingresos del aspirante no en función de las percepciones ingresadas en el año en curso de 2020, sino a partir de los rendimientos económicos del ejercicio anterior.
En otras palabras, el sistema de evaluación aplicado por el Ministerio de Inclusión guarda muchas similitudes al que rige en el caso del cálculo del pago de la declaración anual de la Renta: el contribuyente no paga según su situación económica en el momento de tramitar la declaración sino en función de la que tenía el año anterior.
Tanto es así, que una parte considerable de los candidatos a percibir el Ingreso Mínimo Vital en Baleares son personas que hace tan solo un año, en 2019, no se hubieran planteado la posibilidad de recurrir a esta ayuda del Gobierno, ya que contaban con un salario fijo que cubría por aquel entonces sus necesidades. Fundamentalmente, trabajadores del sector turístico que en este 2020 han visto el hundimiento de la industria motor de las islas.
Precisamente por ello, Baleares ha sido la comunidad más golpeada por la crisis del coronavirus y sus efectos se traducen en estas cifras de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital.
Tanto es así, que la Conselleria d'Afers Socials se vio obligada a contratar a finales de junio a 26 auxiliares administrativos para ayudar a tramitar el nuevo subsidio a todos aquellos perceptores de la Renta Social Garantizada (Resoga) y de la Renta Mínima de Inserción (RMI) que ya existían en la comunidad.
Según las estimaciones de entonces de la conselleria, la cifra de beneficiarios en las islas rondaría las 3.490 personas aunque, en vista de la respuesta ofrecido por el Gobierno en el Senado, aún hay miles de baleares esperando una respuesta vital.