En declaraciones a IB3 Televisión, Barceló ha asegurado que los 16 menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) "no son casos que se hayan producido dentro de una red de prostitución", sino que son "aislados", según la información que ha recibido por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El fiscal jefe ha explicado que se han investigado los casos y que, tal y como sucede en todos los procedimientos judiciales, "algunos han ido por delante y otros se han archivado por falta de pruebas". "No tenemos otra posibilidad que hacer cumplir las leyes, investigar todos estos hechos que tengan características de delito y actuar como lo estamos haciendo", ha añadido.
Barceló ha recordado que la Fiscalía no puede cambiar la ley ni el procedimiento judicial, una función que corresponde al Congreso de los Diputados y el Senado.
Ha comentado que el ministerio público solo puede hacer cumplir la ley, investigar aquellos casos que se denuncian y actuar en caso de haberse cometido un delito.
Barceló ha subrayado que desde la Fiscalía no tienen la competencia para "entrar en el debate político", ya que tienen otras funciones "encomendadas por la propia Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". "No entramos en discusiones políticas", ha concluído.
SINDICATOS POLICIALES EN GUERRA
Por su parte, los sindicatos policiales también rechazan las afirmaciones de la consellera asegurando que los efectivos policiales cumplen con su deber de perseguir "todos los delitos" incluídos los relativos a la explotación de menores tutelados.
Desde el Sindicato Unificado de Policía aseguran con rotundidad que la Policía investiga estos casos y que son prioridad.
"Lo que no puede ser es que una consellera tire balones fuera como lo ha hecho Santiago. Cada uno debe asumir su cuota de responsabilidad", afirma el secretario del SUP en Baleares