La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares ha levantado esta semana una voz de alarma al señalar que la mayoría de los ayuntamientos de las Islas no están dispuestos a implementar el decreto de emergencia habitacional aprobado por el Govern.
El panorama refleja que son muchos los consistorios que están desaprovechando una oportunidad administrativa para abordar el que es probablemente el mayor problema social en Baleares. Los datos son reveladores: sólo unos pocos municipios como Palma, Inca, Andratx, Calvià, Santa Eulària -en Ibiza- y Ferreries y Sant Lluís -en Menorca- han tomado medidas para aplicar el decreto. Mientras tanto, otros quince ayuntamientos han optado directamente por no hacerlo o han impuesto considerables limitaciones a su implementación.
Los promotores reclaman un mayor compromiso por parte de las autoridades municipales, a quienes atribuyen una falta de voluntad política, motivada a menudo por el deseo de evitar conflictos dentro de sus propias jurisdicciones.
La postura de la mayoría de consistorios de las Islas frente al decreto del Govern resulta contraproducente a la hora de garantizar viviendas dignas y accesibles para todos los ciudadanos, que es el objetivo final del texto impulsado desde el departamento que dirige Marta Vidal. Es fundamental, por tanto, que las administraciones municipales muestren una mayor voluntad política y se comprometan a implementar el decreto con mayor diligencia. La herramienta es útil y puede marcar una diferencia significativa en la vida de miles de ciudadanos en Baleares.
La crisis habitacional no puede esperar, y los ayuntamientos tienen el deber moral y social de actuar con determinación y responsabilidad.
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