Multas de entre 300 y 30.000 euros por ir a una fiesta ilegal en Baleares

Entre las principales novedades, los propietarios que alquilen viviendas donde se celebren estas fiestas también serán sancionados con entre 100.000 y 300.000 euros ya que se les considerará responsables de las mismas.

Otra novedad es que las multas alcanzarán a los asistentes, que serán multados con entre 300 y 30.000 euros dependiendo de la gravedad de su infracción. También se multará a los que colaboren en la organización con medios materiales como equipos de música, caterings de bebidas y comidas, y carpas, entre otros.

Además, causar molestias a los vecinos será una agravante. Para ello, el Consell de Govern aprobará un decreto que modificará la Ley de Actividades de Baleares y que prevé estar en vigor para este verano.

Para poder actuar, la nueva regulación define qué es una fiesta ilegal: "Es una reunión multitudinaria, que se hace fuera de los canales reglados que tienen licencia, y donde hay transporte, publicidad, djs y hay pago de entrada", ha explicado Marí, que ha detallado que la principal característica será "el ánimo de lucro".

El presidente ha explicado que no se está hablando de una fiesta "privada" que se puede desarrollar en cualquier domicilio "como un cumpleaños" y que "no causa molestias", sino que se refiere a una actividad.

Por su parte, Mercedes Garrido ha señalado que la nueva regulación "no será la solución definitiva" pero sí "un punto de inflexión en la realización de estas fiestas ilegales".

La consellera ha indicado que la normativa está "adaptada por completo" a los derechos básicos constitucionales y que tiene como principal objetivo la disuasión: "Queremos enviar un mensaje claro y contundente a todos los participantes dentro de la cadena de realización de estas fiestas de que seremos inflexibles", ha destacado Garrido.

Marí ha añadido que el Consell de Ibiza quería medidas "más ambiciosas y contundentes" para actuar en el momento de las fiestas, con medidas cautelares, pero que no se han introducido porque hay leyes que impiden su aplicación.

Aún así, ha aplaudido a los técnicos que han intervenido en la elaboración de esta normativa porque "se ha dado un paso importante" para perseguir esta actividad "con un régimen sancionador duro".

"Se trata de enviar un mensaje contundente a todos aquellos que piensen que esto puede ser un buen negocio", ha añadido Marí.

Los ayuntamientos, a través de las Policías Locales, serán los que aplicarán la nueva normativa, y contarán con el apoyo de los rastreadores o detectives que volverá a contratar para este verano el Consell de Ibiza.

En la presentación también han estado el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí; el director general de Emergencias e Interior, Jaume Barceló; la directora general de Coordinación, Isabel Castro, así como alcaldes y representantes de los cinco ayuntamientos de la isla.