Baleares ha abierto la veda contra Ryanair por cobrar el equipaje de mano que los pasajeros llevan en la cabina del avión. La dirección general de Consumo de la comunidad ha impuesto una multa de 24.000 euros a la aerolínea por esta práctica que ya fue formalmente denunciada por Facua en noviembre de 2019 en todas las comunidades autónomas. Finalmente, la dirección general de Consumo de Baleares ha multado a Ryanair por el citado importe al considerar que incurrió en una infracción grave en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
La práctica ahora sancionada se remonta al año 2018, cuando la compañía cambió su política de gratuidad de equipaje de mano y comenzó a aplicar un recargo económico. Desde entonces, los únicos pasajeros exentos del pago son aquellos que han comprado sus billetes con la tarifa de embarque prioritario que, con un precio añadido, permite seguir subiendo al avión con dos bultos y llevar ambos en cabina. Al resto de pasajeros se les cobran todos los bultos que suban al avión y que excedan del tamaño de una maleta de las pequeñas.
La administración balear ha considerado que una cláusula que habilita al cobro de un recargo por subir equipaje de mano a la cabina del avión constituye una práctica abusiva. Consumo argumenta que varias sentencias judiciales -incluidas las de tribunales europeos- se han pronunciado en el sentido de que los bultos de mano no se consideran equipaje y que el transportista está obligado a llevarlos de forma gratuita en cabina.
Queda por ver si la sanción impuesta tendrá un efecto inmediato en la política tarifaria de la compañía, que suma ya multas por otras prácticas dudosas como la de negarse a cambiar la fecha de billetes previa justificación del pasajero, no devolver el dinero de vuelos cancelados o por cobrar un extra a los viajeros que quieran viajar juntos, incluidos menores.
Son prácticas abusivas que definen los verdaderos intereses de la compañía del excéntrico Michael O'Leary; unos intereses que no pasan precisamente por la protección del viajero y que requerirían, además del goteo de multas, una intervención contundente de la administración -ya sea a través del Ministerio de Transportes o de la Comisión Nacional de la Competencia- que evite la vulneración de los derechos de los viajeros y el perjuicio grave que suponen este tipo de cláusulas.
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