Mucho más que una facultad

La decisión de la Universitat de les Illes Balears i del Govern Balear de poner en marcha una facultad de medicina en Mallorca ha provocado una polémica con posicionamientos contrarios, tanto desde dentro de la comunidad autónoma balear, como desde fuera, desde la España peninsular.

El principal argumento en contra de una facultad balear de medicina es el de la sobreoferta de plazas y el exceso de facultades en España. En el conjunto del estado hay, salvo error por mi parte, 42 facultades de medicina, 33 públicas y 9 privadas. De acuerdo con todos los criterios internacionales disponibles son, sin duda, demasiadas. Pero, ¿cómo están distribuidas territorialmente?

En Madrid hay ocho, cuatro públicas y cuatro privadas, todas ubicadas en Madrid capital y alrededores. En Cataluña hay siete, seis públicas y una privada, tres de las públicas y la privada en el área metropolitana de Barcelona y las otras tres una en cada provincia. Hay cinco en Andalucía, en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga. En la Comunidad Valenciana también cinco, tres públicas y dos privadas, las públicas una en cada provincia y las privadas en Valencia. En Canarias hay dos, en las dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria, en Murcia otras dos, una privada, también dos en Aragón en Zaragoza y Huesca, en esta última solo se imparte el primer ciclo y dos en Castilla y León, en Salamanca y Valladolid y en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real y Albacete. Y hay una facultad en Galicia, Santiago de Compostela, en el País Vasco, Leioa, en Cantabria, Santander, en Asturias, Oviedo, en Extremadura, Badajoz y en Navarra, privada.

Llama la atención el número, a todas luces excesivo, de facultades en Madrid y Cataluña, así como las cuatro privadas concentradas en la capital del Reino. También las de la Comunidad Valenciana, donde hay otras dos privadas en proyecto, y las cinco de Andalucía, que tiene en proyecto otras tres, todas públicas, en las tres provincias restantes, Huelva, Jaén y Almería.

Solo dos comunidades autónomas no tienen facultad, La Rioja y les Illes Balears. Los contrarios a una facultad balear afirman que ser una comunidad autónoma sin facultad no es argumento para promover su creación. No tienen razón, sí lo es, aunque es cierto que no es suficiente por sí mismo, debe haber más argumentos y de más peso. Pero no crearla porque ya hay demasiadas en España tampoco es un argumento válido. En todo caso, habría que cerrar unas cuantas de las existentes, especialmente allí donde la concentración parece exagerada.

Para Baleares la facultad de medicina implica mucho más que la docencia, la formación pre y postgrado de profesionales médicos. Es la posibilidad de iniciar un proceso de diversificación de nuestra economía y empezar a abandonar la peligrosa dependencia del monocultivo turístico.

La condición insular y el exiguo tamaño territorial de nuestra comunidad limitan las posibilidades de implantación de actividades económicas alternativas al turismo, servicios y construcción. En el sector primario hay posibilidades para productos de alta calidad como el vino o el aceite, pero nunca dejarán de representar un porcentaje muy pequeño del PIB. Tampoco hay grandes posibilidades en la industria. La única alternativa es apostar por la economía del conocimiento, por la investigación y la innovación.

La investigación biomédica, aprovechando la magnífica infraestructura y el capital humano de nuestro sistema de salud y los ya existentes Instituto de Investigación Sanitaria de Palma, IDISPA, y la Unidad de Investigción de Son Llàtzer, es la opción más evidente en el camino balear hacia la economía del conocimiento, pero no es posible sin la facultad. La facultad de medicina es condición “sine qua non” para poder formar parte de las redes internacionales de centros de excelencia de investigación biomédica y acceder a las fuentes de financiación, públicas y privadas, imprescindibles para poder desarrollar los proyectos y estudios diseñados por los equipos de investigadores.

Para les Illes Balears, por tanto, la facultad de medicina es un elemento estratégico fundamental para el futuro de la economía y conseguir compensar la excesiva dependencia del sector turístico y de servicios y los peligros que conlleva. Y es por ello que su creación no puede considerarse solo desde la perspectiva de “ratios” por población, ni tampoco desde la perspectiva de los números globales del estado español. Y una facultad que oferte unas cuarenta plazas anuales no parece que vaya a suponer un añadido significativo al exceso existente.

Por otro lado, llama la atención el impresionante incremento de las facultades privadas. Hasta hace poco más de diez años solo había en España una, la de Navarra, que ofertaba una doscientas plazas anuales. Ahora hay nueve, que estarían ofertando, aunque algunas no dan datos, más de mil, aproximadamente el 16 % del total. Y hay en proyecto no menos de otras cuatro. Cabe preguntarse si algunas de las críticas a la creación de una facultad pública en Mallorca no procederán de sectores interesados en la implantación entre nosotros de una privada.

Otras críticas responden sin duda a intereses corporativos, legítimos pero que no pueden, ni deben, condicionar decisiones fundamentales para el futuro de la sociedad balear. Y desde ciertos ámbitos políticos se esgrime el argumento de la conveniencia de dedicar el presupuesto a solucionar problemas sociales inmediatos y aplazar la puesta en marcha de la facultad de medicina. Se trata de un argumento populista que parece más destinado a conseguir rendimientos políticos a corto plazo que no a considerar soluciones a medio y largo plazo para la sociedad balear. Y el momento era ahora, no se podía aplazar la decisión, en un año más no hubiera sido posible por la más que probable moratoria indefinida que se está preparando a nivel español y europeo.