LEY DE COSTAS

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Palma asegura la continuidad de los históricos Astilleros Cabanellas, revocando la decisión de Ports de les Illes Balears de finalizar su concesión. El fallo sienta un precedente clave en la interpretación de la Ley de Costas y protege un patrimonio fundamental para Pollença.

Los icónicos chiringuitos de la isla están listos para arrancar la temporada y, esta vez, todo indica a que los ubicados en la playa des Capellans, en Muro, podrán sacar sus mesas y sillas sobre la arena, después de verse obligados a perder sus terrazas a pie de playa en 2022 por primera vez en sesenta años. La nueva Conselleria de la Mar que gestiona ahora la concesión de licencias temporales, estudia cómo aplicar el anterior límite de dominio público para que puedan operar sin esa restricción que provocó pérdidas a estos negocios. Sin embargo, pese al traspaso, el Gobierno Central es quien determina el dominio público y puede emitir un informe decisivo sobre las decisiones del Govern en litoral. Ante ello, los propietarios de los chiringuitos mantienen el pulso con recelo: temen que se acabe eliminando del mapa a sus negocios.

El menorquín Juan Manuel Lafuente Mir (Maó, 1963), conseller del Mar y el Ciclo del Agua, es abogado de profesión y presidió el PP de Menorca de 1999 a 2008, además de ser conseller de Administraciones Públicas en 2015 y diputado por Menorca en el Parlament en las elecciones de 2015 y 2019. Lafuente recibe a mallorcadiario.com en su despacho y desvela los primeros esbozos de la futura Ley de Ordenación y Protección del Litoral que pretende garantizar la continuidad de los chiringuitos, así como agilizar los trámites, "cumpliendo siempre con la ley estatal y compatibilizando la protección del litoral con la actividad económica". Aunque el Gobierno central seguirá cobrando el canon de las concesiones, contempla poder negociar.

El candidato del PP al Congreso de los Diputados por Baleares, José Vicente Marí Bosó, se ha comprometido este lunes a modificar la Ley de Costas para "revertir las situaciones rocambolescas que se han visto en el gobierno de Sánchez" y "compatibilizar la protección del litoral con las actividades humanas y marítimas".

Mientras que Baleares continúa a la espera de que el Gobierno central dé el visto bueno este año al traspaso de competencias en Costas, Canarias contará con esta competencia a partir de enero de 2023, tal y como ha publica el BOE este lunes de 12 de septiembre. Con esta competencia, el archipiélago canario se encargará de gestionar actuaciones en materia de uso de playas, autorizaciones de tránsito y acceso al mar, así como control económico de las ocupaciones marinas y la planificación y ejecución de los proyectos de obras del litoral.

La Dirección general de Territorio y Paisaje ha impuesto a un particular una multa de 82.379 euros por realizar obras de reforma y ampliación en una vivienda en zona de servidumbre de protección de costas en el término municipal de Santa Eulària des Riu, sin autorización ni declaración responsable.

El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) ha anunciado este jueves que impugnará las autorizaciones de servicios de temporada que no cumplan la Ley de Costas.

El GOB pide la retirada de la piscina Mar y Paz de Can Picafort.