chiringuitos

Los icónicos chiringuitos de la isla están listos para arrancar la temporada y, esta vez, todo indica a que los ubicados en la playa des Capellans, en Muro, podrán sacar sus mesas y sillas sobre la arena, después de verse obligados a perder sus terrazas a pie de playa en 2022 por primera vez en sesenta años. La nueva Conselleria de la Mar que gestiona ahora la concesión de licencias temporales, estudia cómo aplicar el anterior límite de dominio público para que puedan operar sin esa restricción que provocó pérdidas a estos negocios. Sin embargo, pese al traspaso, el Gobierno Central es quien determina el dominio público y puede emitir un informe decisivo sobre las decisiones del Govern en litoral. Ante ello, los propietarios de los chiringuitos mantienen el pulso con recelo: temen que se acabe eliminando del mapa a sus negocios.

El menorquín Juan Manuel Lafuente Mir (Maó, 1963), conseller del Mar y el Ciclo del Agua, es abogado de profesión y presidió el PP de Menorca de 1999 a 2008, además de ser conseller de Administraciones Públicas en 2015 y diputado por Menorca en el Parlament en las elecciones de 2015 y 2019. Lafuente recibe a mallorcadiario.com en su despacho y desvela los primeros esbozos de la futura Ley de Ordenación y Protección del Litoral que pretende garantizar la continuidad de los chiringuitos, así como agilizar los trámites, "cumpliendo siempre con la ley estatal y compatibilizando la protección del litoral con la actividad económica". Aunque el Gobierno central seguirá cobrando el canon de las concesiones, contempla poder negociar.

El chiringuito de Cala Mondragó en Santanyí ha sido demolido, lo que ha causado molestias entre los vecinos debido al impacto cuando ya ha comenzado la temporada turística.

Llega mayo, fecha que marca el inicio efectivo de la temporada turística alta en Baleares, y las playas urbanas de Palma continúan sin registrar movimientos perceptivos en cuanto a la habilitación de hamacas, sombrillas y otros servicios ubicados en primera línea. La prestación de estos servicios no es homogénea en todas las zonas turísticas de las islas, dependiendo de las decisiones de Costas y de cada uno de los municipios.

Más palos a las ruedas. Delegación de Costas planea un recorte del 35 por ciento de hamacas y sombrillas en Playa de Palma para esta temporada, según ha podido saber mallorcadiario.com

El Govern balear tendrá poco margen a la hora de aplicar la ley de Costas, a pesar de recibir las competencias en esta materia a partir de este verano. Así lo señaló la presidenta Francina Armengol en el transcurso de los Encuentros Informativos de mallorcadiario.com celebrados este lunes.

A puertas del inicio de la Semana Santa y con una planta hotelera abierta en Mallorca en un 70 por ciento , la preocupación no deja de aumentar entre hoteleros y concesionarias porque Playa de Palma y el resto de las playas de Ciutat no han recibido todavía la autorización para poder colocar las hamacas, sombrillas, socorristas y actividades náuticas. Demarcación de Costas todavía no ha concedido la preceptiva autorización cuatrianual a las concesionarias de las playas y, lo que es peor, se desconoce cuándo llegará esta autorización. La empresa concesionara de Playa de Palma ha reconocido que está todo parado, mientras que desde la Asociación Hotelera de Playa de Palma (AHPP) se está intentado agilizar las tramitaciones, ya que este servicio debería estar ya operativo en estas fiestas de Semana Santa.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este martes, durante el pleno del Parlament, que la transferencia de Costas es "una buena negociación" y ha lamentado la "frustración constante" de El PI-Proposta per les Illes sobre esta cuestión.

Preocupación en Banyalbufar por el futuro de las 'alcoves' (construcciones situadas en zonas de litoral) de es Port des Canonge, cuya demolición ha sido anunciada por Demarcación de Costas.

El Pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado por unanimidad la propuesta del Partido Popular de Palma de iniciar todos los trámites para proteger y catalogar el edificio del El Bungalow. Además, se ha acordado solicitar a Demarcación de Costas la paralización cautelar de sus actuaciones contra el popular restaurante. En este sentido, el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ya destacó que “el edificio cumple con las características suficientes para ser protegido”.

Baleares gestionará las competencias de Costas desde el 1 de julo de 2023, con una dotación de 1,3 millones de euros --982,19 euros por kilómetro de dominio público marítimo-terrestre-- y 18 trabajadores. El Govern balear y el Ministerio de Política Territorial han firmado este viernes el correspondiente convenio en el Consolat de Mar en Palma.

Empresarios y vecinos de Muro se han desplazado este jueves a Palma para hacer entrega en el registro de la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad, de las 7.619 firmas en defensa de los tres restaurantes y de las 22 casetas de la playa de Sa Caseta dels Capellans.

Baleares firmará mañana viernes el traspaso de competencias de Costas. Así lo ha anunciado la presidenta, Francina Armengol.

El Partido Popular de Palma ha presentado una propuesta al Ayuntamiento para exigir al equipo de gobierno que incluya en el catálogo municipal de edificios y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico de la ciudad el edificio del restaurante El Bungalow.

El PP propondrá al Ayuntamiento de Palma la protección como bien catalogado de 'El Bungalow' para evitar su derribo por parte de la Demarcación de Costas.

La plataforma 'Salvem El Bungalow' ha organizado para este domingo 6 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, una concentración bajo el lema "La història no es toca" con el objetivo de evitar que el restaurante más antiguo de Ciutat Jardí sea derrumbado. Cabe recordar que la familia propietaria del establecimiento inició una lucha en forma de recogidas de firmas desde que Demarcación de Costas ordenara su demolición por motivos medioambientales.

La presidenta del PP balear y diputada en el Congreso de los Diputados, Marga Prohens, ha acusado a la ministra socialista de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de “reventar el complejo y trabajado equilibrio entre la protección de la costa y la actividad humana, su actividad económica y la propiedad privada”, lograda hasta ahora tras la reforma en 2013 de la Ley de Costas y el Reglamento de Costas de 2014 que, conscientes del reto que supone el cambio climático en todo el litoral, buscaba y lograba ese equilibrio.