Los centros veterinarios de Baleares cierran sus puertas

Desde el 2 de enero, todos los veterinarios de España tienen la obligación de comunicar al Ministerio de Agricultura las prescripciones de antibióticos que realizan a animales de compañía a través del sistema PRESVET como consecuencia de la aplicación de un reglamento europeo que busca garantizar un uso responsable en la lucha contra las superbacterias.

Esta regulación ha impuesto restricciones en la prescripción de antibióticos para animales de compañía, limitando la capacidad de los veterinarios para ejercer su profesión en base a criterios clínicos y científicos. Además, la norma introduce "una carga burocrática excesiva" con la obligación de registrar cada prescripción en el sistema PRESVET, lo que obstaculiza el trabajo diario de los profesionales.

Uno de los aspectos más polémicos de la normativa es la obligatoriedad de comunicar el uso de antibióticos en un plazo de siete días a través del sistema PRESVET, bajo la amenaza de sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros en caso de incumplimiento. Según los veterinarios, esta medida "no tiene en cuenta la realidad del trabajo clínico ni la falta de recursos tecnológicos en algunos centros", lo que puede generar retrasos y errores administrativos con consecuencias graves para la actividad profesional.

El colectivo veterinario denuncia que esta regulación les impide aplicar tratamientos adecuados a sus pacientes, convirtiéndolos en "meros ejecutores de una normativa ajena a la realidad clínica". Según argumentan, la rigidez del decreto podría derivar en casos extremos donde, ante la imposibilidad de tratar a un animal enfermo, "la única opción viable sea la eutanasia", con el consiguiente impacto emocional para sus dueños.

UNA NORMATIVA QUE CHOCA CON LA REALIDAD EUROPEA

Los veterinarios recuerdan que el Reglamento Europeo 2019/6 reconoce su derecho a vender medicamentos veterinarios al por menor, y que la mayoría de los países de la UE permiten la prescripción y dispensación de fármacos por parte de los facultativos veterinarios. En España, sin embargo, esta posibilidad está restringida, "en contra de la normativa europea y de sentencias supranacionales que avalan el papel del veterinario como garante de la salud pública".

Además, el sector destaca que la venta de antibióticos para animales de compañía representa "apenas un 0,08 por ciento del mercado farmacéutico", lo que hace que "la justificación de la normativa por razones de control de la antibiorresistencia carezca de proporcionalidad". Más aún, se considera que "el bienestar de los animales de compañía es crucial para la salud mental y emocional de muchas personas, especialmente en casos de soledad, enfermedades crónicas o envejecimiento activo".

DEMANDAS DEL SECTOR

Ante esta situación, los veterinarios exigen la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos para que los veterinarios puedan prescribir y dispensar fármacos, como ocurre en el resto de Europa. También solicitan "la derogación del RD 666/2023 por su incompatibilidad con la legislación europea y su falta de adecuación a la realidad del sector". Finalmente, piden "la reducción del IVA en los servicios veterinarios para garantizar un mayor acceso de la población a estos cuidados esenciales".

El paro simbólico del 11 de febrero pretende visibilizar "una problemática que afecta tanto a los profesionales como a los propietarios de animales". Con esta acción, el sector busca presionar a las administraciones para que revisen "una normativa que, lejos de proteger la salud pública, podría estar poniendo en peligro el bienestar de miles de animales y de las personas que dependen de ellos".