El nuevo aval estatal ante impagos de los alquileres genera inseguridad entre los propietarios

Con la última negociación entre Junts y Psoe para la aprobación del decreto ómnibus y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno tiene vía libre para poner en marcha su nuevo sistema de avales públicos. Un sistema diseñado para tratar de garantizar el cobro del alquiler a los propietarios en caso de impago por parte de los inquilinos.

Una medida que a priori puede sonar adecuada y beneficiosa para reducir el precio de los alquileres en comunidades como Baleares, pero que no parece convencer a asociaciones como la de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL). “Se necesitan más incentivos para que los propietarios ofrezcan alquileres asequibles sin temor a impagos o largos procesos judiciales para recuperar sus viviendas” han asegurado estos días en diferentes comunicados.

Unas declaraciones que venían a responder las palabras del presidente del Gobierno, en la posterior rueda de prensa al acuerdo con Junts, en la que defendía que esta medida “busca dar seguridad tanto a propietarios como a quienes buscan una vivienda”. Garantizando que los jóvenes y las familias vulnerables “puedan acceder a un alquiler asequible sin que los propietarios corran riesgos económicos”.

Y es que los avales públicos están pensados para fomentar el alquiler en este sector de la población y vinculados a contratos de arrendamiento cuyo precio no supere los índices de referencia establecidos por el Ministerio de Vivienda. Una idea con la que lleva trabajando desde hace tiempo el Gobierno y con la que cree que se podrá regular el precio de un mercado que no deja de elevarse sobre todo en capitales y zonas tensionadas.

El programa presentado por el Gobierno de Sánchez y por el que de momento los arrendatarios no parecen estar muy convencidos tiene el objetivo de facilitar el alquiler a precios asequibles y reforzar la confianza de los propietarios, asegurándoles la cobertura económica en caso de incumplimiento del pago por parte de los inquilinos.

Este aval público, se supone que cubrirá, según el Gobierno, “tanto las mensualidades impagadas como los posibles daños en la vivienda y los suministros adecuados”. Una herramienta que busca evitar situaciones de okupación y desalojos forzosos, protegiendo a ambas partes. Según ASVAL en realidad esta herramienta lo único que hace “es privilegiar a los okupas en detrimento de los propietarios, trasladando a estos últimos la responsabilidad de solucionar un problema estructural de acceso a la vivienda que debería ser resuelto por los poderes públicos”.

Según recoge el decreto publicado en el BOE el aval público solo podrá aplicarse en contratos de alquiler cuyo precio se ajuste al índice estatal de referencia. Una situación que genera dudas en los propietarios ya que esta nueva normativa no plantea una solución para las familias y propietarios que se encuentran en conflicto actualmente por la propiedad. El abogado especializado en arrendamientos y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, “ha creado un escenario de incertidumbre jurídica en un mercado ya de por sí tensionado”. Unas dudas que no han sido aclaradas por el equipo de gobierno de Sánchez.

Desde el Gobierno se muestran reacios a esta visión y creen que este nuevo sistema, que establece un rango de precios máximos y mínimos en función de la ubicación y características de la vivienda, “evitará la especulación y garantizará precios justos en el mercado del alquiler”.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Según esta nueva normativa, el inquilino deberá cumplir con una de las condiciones expuestas en el decreto, tener menos de 35 años y/o encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica.

El reglamento que determinará los criterios exactos de vulnerabilidad será aprobado en los próximos seis meses, aunque se espera que incluya aspectos como ingresos inferiores a determinados umbrales o situaciones de exclusión residencial.

COBERTURA DEL AVAL Y PLAZOS DE SOLICITUD

En caso de impago, el propietario podrá solicitar la activación del aval garantizando así la percepción de las mensualidades hasta la recuperación de la vivienda. También se incluirán compensaciones por posibles desperfectos o deudas en suministros como agua y electricidad.

El aval público garantizará el cobro del alquiler hasta que el propietario recupere la vivienda. Una vez completado el proceso de desalojo o entrega del inmueble, el arrendador tendrá un plazo de seis meses para presentar la solicitud de cobertura de las cantidades impagadas.

En cuanto al procedimiento, se prevé que la gestión de estos avales sea competencia de las comunidades autónomas, aunque contará con financiación estatal. Este modelo sigue el ejemplo de países como Francia, donde el programa ‘Garantie Visale’ ha logrado fomentar el alquiler asequible y brindar mayor seguridad a propietarios e inquilinos.