Urge una auditoría independiente de recursos humanos en Emaya

Una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Baleares señala diversas irregularidades cometidas presuntamente por el actual equipo directivo de la empresa pública Emaya. Concretamente apunta a Nuria Gallego, directora de Servicios Corporativos y Recursos Humanos, quien, según la denuncia, habría manifestado su intención de no readmitir a sindicalistas despedidos, incluso tras sentencias favorables a estos, optando por ejecutar despidos sucesivos para eludir su reincorporación. Estas declaraciones, de ser ciertas, evidencian una actitud que socava los derechos laborales y sindicales fundamentales, al margen de representar un alarmante desprecio hacia los pronunciamientos judiciales contrarios a la empresa municipal.

Es cierto que los conflictos internos en Emaya tienen raíces en la anterior legislatura, bajo el gobierno municipal de izquierdas (PSOE, Més y Podemos). Sin embargo, el actual Consejo de Administración, presidido por Llorenç Bauzá (PP) y con Lorenzo Morey en la gerencia, tiene la responsabilidad ineludible de corregir y prevenir cualquier irregularidad heredada. La continuidad de prácticas cuestionables y sancionadas por los tribunales como ilegales y vulneradoras de derechos fundamentales es intolerable.

La actitud atribuida a Gallego es inadmisible en un empresa pública, a la que se le deben exigir los parámetros éticos más elevados y el máximo respeto por la legalidad. La utilización de despidos sucesivos como herramienta para evitar la readmisión de trabajadores, especialmente cuando la Justicia ha dictaminado su nulidad, constituye una vulneración flagrante de los derechos laborales y una muestra de desprecio hacia el Estado de derecho.

Jaime Martínez debería realizar una exhaustiva auditoría independiente de las políticas de recursos humanos y de las decisiones tomadas en Emaya durante los últimos años

Este proceder de Emaya tiene, además, un elevado coste para las arcas públicas, pues las indemnizaciones y los costes de los litigios recaen sobre los vecinos de Palma, sin que los reveses judiciales y la constatación de la nulidad de los despidos y la vulneración de derechos tenga ninguna repercusión en los responsables de semejantes abusos.

De todo ello ha informado mallorcadiario.com, apoyándose en los hechos constatados ante los tribunales, en actas de reuniones y en testimonios vertidos en grupos de telefonía; una ingente cantidad de información de la que sólo se ha hecho publica una parte. Por otro lado, este digital solicitó a principios de enero una entrevista con el concejal de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá; una petición que, a día de hoy, sigue sin respuesta.

Tras tanto despropósito, es imperativo que el presidente y el gerente de Emaya tomen medidas contundentes. La inacción o la permisividad ante las conductas conocidas tiene graves consecuencias en la plantilla y por ende, en el servicio que la empresa presta a la ciudad.

El equipo de gobierno municipal que lidera el alcalde de Palma, Jaime Martínez, debería realizar una exhaustiva auditoría independiente de las políticas de recursos humanos y de las decisiones tomadas en Emaya en este ámbito en los últimos años. Sólo a través de una revisión transparente y de la implementación de medidas correctivas, se podrá restaurar la confianza en Emaya y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.

La defensa del interés general y, por supuesto, el respeto a los derechos laborales y sindicales, debe ser una prioridad innegociable en cualquier institución pública. Emaya tiene la oportunidad y la obligación de demostrar su compromiso con estos principios, actuando con firmeza y transparencia ante las denuncias actuales y estableciendo mecanismos que aseguren una gestión ética y respetuosa con sus trabajadores, cosa que ahora mismo está en cuestión. Apelar a la lamentable herencia recibida y a la viciada gestión que ha imperado en Emaya desde hace demasiado tiempo no es de recibo. Y el tancredismo no es opción.