Baleares sólo tiene un inspector de Seguridad Alimentaria por cada 716 empresas del sector

La seguridad alimentaria debería ser una de las asignaturas más importantes a aprobar por parte de cualquier empresa que se dedique al sector de la alimentación: restaurantes, hoteleros, empresas de catering, food trucks o distribuidoras, entre otras. Hacer cumplir la normativa en un sector tan amplio no es sencillo.

La Conselleria de Salut, y en concreto el departamento de Seguridad Alimentaria, es la encargada de regular, inspeccionar y sancionar aquellas empresas del sector alimentario para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. “A través de permisos, inspecciones regulares y sanciones, se busca minimizar riesgos biológicos, químicos y físicos en los alimentos que llegan a los consumidores” explican desde el departamento.

Según las últimas cifras ofrecidas por la Conselleria de Salut a mallorcadiario.com, en Baleares operan “más de 21.500 empresas vinculadas a la alimentación (2.500 mayoristas y 19.000 minoristas)”. De estas, 14.288 son restaurantes, cafeterías, cocinas de hoteles, etc. Un número importante que es difícil vigilar si no se cuenta con los recursos adecuados. Actualmente, según los últimos de la Conselleria de Salut relativos al 2024, el departamento contaba “con una treintena de inspectores” encargados de vigilar la seguridad alimentaria en Baleares.

Según las cifras de mediados de 2024, se detectaron 17 brotes por intoxicación alimentaria en Baleares, uno más que en 2023. Por el momento, la Conselleria no ha aportado novedades sobre el número total de intoxicados al cierre del año.

En 2024, según el departamento de Seguridad Alimentaria, se llevaron a cabo “6.000 actuaciones de control oficial en 3.200 establecimientos”. De estas, 4.300 inspecciones fueron en “2.600 establecimientos minoristas”. Esto implica que sólo se inspeccionó un 14,88 por ciento del total de empresas, una cifra baja considerando la importancia de la seguridad alimentaria.

SANCIONES DE 300 A 19.000 EUROS

El importe medio de una multa según este departamento de Salud “es de unos 3.000 euros”, aunque las sanciones varían “entre los 300 y los 19.000 euros”, dependiendo de la gravedad de la infracción.

“Las empresas del sector alimentario deben cumplir distintos requisitos según su actividad. Aquellas dedicadas a la producción de productos de origen animal necesitan una autorización oficial, mientras que las que trabajan con productos no animales o minoristas solo deben presentar una declaración responsable” explican desde el departamento. Para obtener los permisos, las empresas deben presentar documentación específica según su tipo de actividad. “El proceso incluye la evaluación de infraestructura, condiciones higiénico-sanitarias y capacidad operativa para garantizar la seguridad de los alimentos”.

La Conselleria realiza controles oficiales a través de tres tipos de inspecciones: puntuales (evaluación del estado del establecimiento en un momento concreto), auditorías (revisión en profundidad de los procesos internos) y programas de toma de muestras (vigilancia de peligros biológicos, químicos y físicos en los alimentos).

Existen inspecciones planificadas, basadas en el riesgo de cada empresa (tipo de actividad, población destinataria, historial), e inspecciones no planificadas derivadas de denuncias, nuevas autorizaciones, brotes alimentarios o alertas sanitarias.

DETECCIÓN Y SANCIÓN DE ACTIVIDADES CLANDESTINAS

Las empresas que operan sin los permisos adecuados pueden ser detectadas mediante búsqueda activa, observación directa o denuncias. “En 2023 se propusieron 304 expedientes sancionadores, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 348”, lo que supone un incremento del 14,47 por ciento de sanciones a empresas que desarrollaban actividades ilegales.

Estas empresas, pese a la creencia de que son clausuradas automáticamente, “pueden continuar operando si subsanan las deficiencias detectadas” explican desde Seguridad Alimentaria. Sin embargo, si se detecta un peligro inminente para la salud pública, “las autoridades pueden suspender su actividad hasta que se corrijan los incumplimientos”. Además, el historial de sanciones influye en la planificación de futuras inspecciones, permitiendo un seguimiento más riguroso de los establecimientos reincidentes.

DENUNCIAS Y PROCESO SANCIONADOR

“Las denuncias siguen el procedimiento administrativo regulado por la Ley 39/2015. Una vez recibida una denuncia, las autoridades realizan inspecciones para verificar los hechos y, si procede, iniciar un proceso sancionador. Esto puede incluir la recogida de muestras, entrevistas con el personal y verificación documental”. Sin embargo, la Conselleria no ha aportado información sobre los tiempos de actuación desde que se recibe una denuncia ni el número total de denuncias recibidas en el último año, lo que genera falta de claridad sobre el procedimiento y los tiempos de investigación.

Según Seguridad Alimentaria, las inspecciones en mercadillos y eventos puntuales “son competencia de la administración local”. En el caso de las empresas de catering y establecimientos del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), las inspecciones “incluyen la verificación de normativas sobre manipulación de alimentos, almacenamiento, transporte y temperaturas de conservación”. Las auditorías en estos establecimientos son más exhaustivas debido al alto nivel de riesgo que implican.

UN INSPECTOR POR CADA 716 EMPRESAS

Garantizar la seguridad alimentaria en Baleares requiere la colaboración de autoridades, empresas y consumidores. Con los inspectores actuales, cada uno debería revisar aproximadamente 716 empresas, es decir, cerca de dos inspecciones diarias, una tarea compleja dada la minuciosidad requerida en cada revisión.