El fiscal delegado de Delitos de Odio, José Díaz Cappa, argumenta para solicitar el sobreseimiento de la causa que, tras la práctica de la instrucción, no han quedado suficientemente acreditados los elementos necesarios para considerar la concurrencia del delito de odio.
"No resulta acreditada la intención de lesionar la dignidad de las personas ni la motivación discriminatoria por parte del investigado", sostienen el representante del Ministerio Público.
El fiscal considera que es "absolutamente entendible socialmente el sentimiento de rechazo e indignación" de los familiares de las personas representadas en las fotografías por lo sucedido y "manifiestamente criticable la acción del investigado", pero, a su juicio, no consta debidamente acreditado que la reacción "inusitada y fuera de lugar" de agarrar y romper posteriormente, incluso de forma airada, la fotografía mostrando a las personas ya mencionadas, por parte del investigado respondiera a una voluntad de lesionar su dignidad ni a una motivación discriminatoria. Y opina que la reacción del presidente de la Cámara autonómica vino motivada por el hecho de que las socialistas Pilar Costa y Mercedes Garrido, miembros de la Mesa, no atendieran sus indicaciones.
El fiscal cree que, una vez analizadas las declaraciones en instrucción y los vídeos disponibles, no ha quedado acreditado el dolo que conforma el tipo subjetivo del delito de odio, en este caso, "la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista y que se veían representadas en la fotografía y la de sus actuales familiares", ni tampoco que todo ello obedeciera a una motivación discriminatoria.
Insiste en que no queda acreditado que el hecho de romper la fotografía obedeciera a una intención o motivación de lesionar la dignidad y la memoria de las personas representadas ya fuera en su consideración de víctimas del franquismo o por los posicionamientos políticos que representaban.
Así se deduce la existencia de "un acto colérico de mala praxis y formas sin duda incorrectas" por parte del investigado mediante una acción absolutamente desafortunada y desproporcionada "ajena al mínimo decoro parlamentario y al puesto ejercido", pero evidenciando más bien una reacción, fuera de lugar, que expresaba su fuerte enojo ante el incumplimiento por parte de las parlamentarias de las órdenes que el investigado impartía reiteradamente para no poner o quitar la fotografía y que el investigado consideraba que formaban parte de sus atribuciones como presidente de la cámara.
El representante del Ministerio Público recuerda en su escrito que el propio Le Senne reconoció que romper la fotografía fue inapropiado y aseguró que entendía que las familias se pudieran sentir molestas, por lo que pidió disculpas.
Se apunta también para argumentar el archivo que ni en los momentos previos al hecho de romper la fotografía, ni mientras tiene lugar este "inadmisible hecho", ni inmediatamente después, el investigado profiriera descalificaciones o insultos o efectuase cualquier otro acto revelador de una voluntad clara de humillar o discriminar.
Los hechos investigados son públicos y sucedieron el pasado 18 de junio cuando el pleno del Parlament debatía la toma consideración de la propuesta de Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el año 2018. El presidente del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne (Vox), expulsó a las dos diputadas socialistas de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido y Pilar Costa, por exhibir desde sus escaños fotografías de víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, rompiendo de un manotazo una de las imágenes en la que estaba Aurora Picornell y otras ‘Roges del Molinar’.
El día 15 de octubre las dos diputadas fueron nuevamente expulsadas de sus escaños tras persistir en su voluntad de lucir camisetas con la imagen de Aurora Picornell.
La defensa de Le Senne ha reclamado el archivo de la causa, argumentando que el episodio fue "una reacción espontánea" al desafío de la diputada Garrido, sobre cuyo ordenador había colocado la fotografía de Picornell.
El presidente, recuerda que, previo asesoramiento con los letrados y tras recibir quejas de diputados y grupos, ordenó a las infractoras retirar las fotografías. Al no acatar la decisión, el presidente las llamó al orden sucesivamente hasta que a la tercera ordenó su expulsión, en aplicación del Reglamento.
En este punto, ahonda en que si Garrido y Costa hubieran atendido las instrucciones de Le Senne, "no se hubiera rasgado accidentalmente ninguna fotografía porque no hubiera sido necesario retirarlas, ya que lo hubieran hecho ellas mismas". Esto, para la defensa del presidente del Parlament, "es prueba de que no era intención del presidente rasgar ninguna fotografía".
El escrito en el que Le Senne pide el archivo de la causa se apoya también en el informe de un experto y letrado de las Cortes Generales que señalaba que la exhibición por los miembros de la Mesa del Parlament de signos o imágenes que entrañan un posicionamiento inequívoco acerca de las cuestiones que están siendo objeto de debate, vulnera su deber de imparcialidad y que la actuación del presidente fue ajustada.
La petición de sobreseimiento se apoya también en la declaración de Mercedes Garrido, que también reconoció que se trató de una sucesión de hechos rápidos e irreflexivos.
Cabe recordar que las acusaciones en este proceso las ejercen los colectivos 'Memoria de Mallorca' y 'Estimada Aurora', así como las familias de Aurora Picornell y Antònia y Maria Pascual y el Partido Comunista.
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