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El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez.
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El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez. (Foto: J. Fernández Ortega)

El Consell multa con 800.000 euros a 10 pisos de Palma por alquiler turístico ilegal

Por Malik Dehouche
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mdehouchemallorcadiariocom/9/9/24
lunes 20 de enero de 2025, 22:57h

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El Consell de Mallorca ha ordenado el cese inmediato de la actividad de diez apartamentos en un edificio de Palma que operaban como alquiler turístico sin la correspondiente licencia. Además, ha impuesto sanciones que suman un total de 800.000 euros, correspondiendo 80.000 euros a cada inmueble. Esta acción se enmarca en la estrategia del Departamento de Turismo del Consell para combatir el alquiler turístico ilegal en la isla.

El conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz, ha mostrado su satisfacción por la actuación desarrollada por el servicio de inspección y de sanciones del departamento y ha recalcado que "la oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, supone no solo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas en nuestra isla, que son la inmensa mayoría, sino un problema terrible para la convivencia, algo contra lo que queremos luchar y erradicar”.

En este sentido, Rodríguez ha añadido que esta orden de cese de actividad, que viene acompanyada por estas sanciones, son fruto de un largo trabajo en el seno del departamento, que ha “cumplido escrupulosamente con todos los procesos administrativos”, y que ha permitido “tal y como marcan los plazos legales”, actuar de esta manera.

A partir de ahora, el departamento de Inspección será el encargado de comprobar que estos cierres sean ejecutados como marca el expediente y en el caso de que no fuera así, el departamento de Turismo estaría capacitado para poner el asunto en manos de la Fiscalía.

Cabe recordar que las sanciones que se proponen actualmente a quien realiza alquiler turístico ilegal en la isla son de 80.000 euros por cada inmueble detectado. La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros en la máxima, y hasta ahora se estaban imponiendo por valor de 40.001 euros.
El objetivo es disuadir a estas personas para que cesen en su actividad, y de proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.

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