Sukupas s.l.

Las medidas en este asunto no muestran sus efectos de un año para otro. Pero hay una complicación que se viene arrastrando en el tiempo, que causa alarma social, sobre la que existe un consenso masivo en la opinión pública, y que se puede abordar desde los poderes públicos de manera casi inmediata, que sin embargo no ha merecido hasta ahora actuaciones legislativas contundentes. El problema de la okupación causa asombro en ciudadanos de otros países que residen en España, que no entienden la impunidad que rodea a este delito en nuestro país.

De aquellos polvos vienen estos lodos. Como les decía al principio, para llegar al lodazal en el que hoy nos encontramos, con delincuentes denunciando a las víctimas y reclamándoles dinero para cesar en el delito, ha habido que echar antes mucho polvo en el camino. Recuerdo, por ejemplo, al anterior alcalde de Palma, el socialista José Hila, reclamando públicamente a los propietarios de un edificio okupado que negociaran con los delincuentes para evitar males mayores. O a Podemos, defendiendo la okupación en base al derecho constitucional a disponer de una vivienda digna. Nuestra Constitución también reconoce el derecho a la movilidad por todo el territorio nacional, pero no por ello avala el robo de coches, motos, bicicletas… ni siquiera patinetes.

Pero el argumento más falaz y torticero para restar importancia al fenómeno de la okupación es el estadístico. La extrema izquierda de nuestro país, menguante en términos electorales pero con capacidad para condicionar las decisiones del PSOE en el gobierno, lleva años insistiendo en que la okupación no es un problema real, sino un artificio de la derecha para hacer ruido, meter miedo y defender a los ricos, que para ellos son todos los ciudadanos que disponen de más de una vivienda en propiedad. En 2010 hubo menos de dos mil denuncias por okupación. A la espera de los datos del año pasado, en 2023 se okuparon en España más de quince mil viviendas, que “sólo” suponen un 0’4% de las viviendas vacías, y 0’05% del total del parque nacional de viviendas. Pecata minuta, dicen.

Rusia es el país con la tasa de homicidios más alta de Europa, con 6’8 muertes violentas al año por cada 100.000 habitantes. Estadísticamente, muy mal si te tiene que dar el día en Moscú para que alguien te pegue un tiro, o te arree un machetazo. Sin embargo, la sensación de inseguridad está instalada en ese país. Del mismo modo, los efectos psicológicos de los casos de okupación son demoledores. Muchos españoles leen un periódico, ven la tele, escuchan la radio, revisan sus redes sociales, y piensan: me podría pasar a mi.

Hace años escribí sobre los efectos perniciosos de una visión buenista sobre la okupación, con las mafias proliferando y campando a sus anchas. Los que explotan este negocio criminal saben como bordear el delito de allanamiento de morada, y así enfrentarse a una simple multa administrativa. Con semejantes armas legales, con el tiempo el problema sólo podía empeorar. Les contaré un secreto. En aquella columna suprimí un párrafo en el que alertaba de un riesgo específico que afrontaba una economía tan estacional como la de Baleares: la okupación de infraestructuras turísticas cerradas en temporada baja. Pensé: “sólo falta que des ideas”. Pues bien, a la vista de tanta pasividad y negligencia públicas, la noticia de esta semana, con repercusión a nivel nacional, no debería ser que han okupado un apartahotel en Cala Bona, sino que hayan tardado tanto en hacerlo.

El edificio okupado tiene cortada el agua y la luz, pero algunos “buenos samaritanos” han estado proporcionando desde el exterior a los infractores garrafas, baterías de móvil, alimentos y ropa. Como veo que callarme al final no sirve para nada, y la caridad tiene un límite, anticipo el nombre comercial de un próspero negocio de futuro para emprendedores sin escrúpulos: SUKUPAS, Suministros para Okupas, S.L.