Rodríguez ha detallado que en la pasada campaña de verano contra la oferta ilegal se realizaron 2.554 actuaciones, de las cuales el 70 por ciento fueron dirigidas contra el alquiler turístico ilegal, frente al 20 por ciento de la legislatura anterior.
También ha indicado que se triplicaron las actuaciones respecto a 2023, se incrementaron un 10,3 por ciento los expedientes y se endurecieron las multas, que ahora oscilan entre 40.000 y 80.000 euros, para castigar la reincidencia, detectada en el 12 por ciento de los casos.
El socialista Andreu Serra, sin embargo, ha criticado la eficacia del plan, señalando casos como el agroturismo Sa Bassa Blanca y bloques de pisos en Palma que continuaron operando sin restricciones. Además, ha cuestionado la utilidad de aumentar las sanciones si no se aplican cierres cautelares. Rodríguez ha defendido su gestión resaltando el incremento en la recaudación.