La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha expresado que la normativa impone una carga administrativa y tecnológica excesiva, afectando negativamente la competitividad del sector turístico mallorquín. Riera también ha criticado la falta de diálogo y consulta con las empresas afectadas durante la elaboración del decreto.
El Real Decreto 933/2021, en vigor desde el 2 de diciembre de 2024, obliga a las empresas de hospedaje y alquiler de vehículos a recopilar una amplia gama de datos personales de los clientes, incluyendo nombre completo, documento de identificación, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección de residencia, forma de pago, y número de tarjeta de crédito, entre otros. Esta información debe ser enviada a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con el objetivo de mejorar el control y la seguridad en el territorio español.
Sin embargo, el sector turístico ha manifestado su preocupación por la desproporcionada carga administrativa que implica la normativa, así como por la posible vulneración del derecho a la intimidad y privacidad de los turistas. Además, se ha señalado que la obligación de conservar esta información durante tres años incrementa el riesgo de filtraciones y afecta la privacidad de las personas.
En respuesta a estas preocupaciones, el PP ha anunciado que presentará mociones en los plenos de ayuntamientos, consells y otros órganos durante diciembre y enero –incluido en pleno del Consell de Mallorca que se celebrará el próximo jueves día 9 de enero–, solicitando la retirada inmediata del decreto y la elaboración de una nueva legislación consensuada con el sector, que garantice la competitividad y respete la privacidad de los viajeros.