Qué memoria y qué democracia

Esta semana el Parlament de Baleares ha rechazado la derogación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2018 exclusivamente con los votos de los partidos de izquierda, que en aquella legislatura alcanzaban la mayoría en la Cámara. La propuesta de Vox para eliminar esa ley fue tumbada gracias a la abstención del Partido Popular, a cambio de revertir un paquete de enmiendas aprobadas por error en la votación del decreto de simplificación administrativa. O sea, una transacción más entre partidos de las muchas que se producen en una cámara legislativa cuando ninguna formación política tiene mayoría absoluta.

El triunfo en esa votación fue celebrado por la izquierda con tremenda emoción. Quedaron registradas en el Diario de Sesiones decenas de frases grandilocuentes, algunas muy sentidas y otras de una hipocresía palmaria, pero, tratándose de un debate sobre “memoria democrática”, me quiero centrar en dos afirmaciones que tienen que ver precisamente con ese adjetivo, “democrática”.

En primer lugar, cuando el portavoz socialista afirmó que “la memoria no se toca”, cabría preguntarse a qué memoria se refería, si a la suya, a la de su partido o a la democrática. Yo estoy seguro que se refería a esta última, porque Iago Negueruela comprenderá que haya personas cuyas familias vivieron la Guerra Civil y el franquismo de manera distinta a la suya. Entonces, si la memoria que no se toca es la democrática, y uno de los pilares de la democracia es el derecho a votar, ¿cuentan algo los votos a la hora de plasmar ese memoria en una ley? ¿es un crimen de lesa democracia derogar o modificar una ley aprobada sin un gran consenso, cuando los votos y las mayorías cambian?

Negueruela sabe que este es un asunto sensible, por eso pronunció rotundo su segunda sentencia para la posteridad: “la memoria es un tema de Estado”. Tiene más razón que un santo el portavoz socialista. Entonces, nos surge otra duda. ¿Desde cuándo se abordan los temas de Estado sin el acuerdo de los partidos mayoritarios? ¿En qué momento se normaliza en la izquierda apartar de un tema de Estado al partido de centroderecha que gana o puede ganar unas elecciones?

El artículo 6 de la ley que sigue vigente con el aplauso entusiasta de la izquierda radical -que existe, nos guste o no, del mismo modo que existe una derecha radical- define como “Documentos de la Memoria Democrática” los producidos en el periodo que abarca desde la Segunda República hasta la entrada en vigor de nuestro Estatuto de Autonomía. Y el artículo 10 establece que tendrán la consideración de “Espacios de Memoria y Reconocimiento Democráticos” aquellos que tengan interés, significado histórico, etc. desde la proclamación de la Segunda República en 1931.

Pues bien, por una cuestión de mera coherencia temporal, si esta ley aboga en su literalidad por “la cultura democrática, la concordia, el civismo, la convivencia, el pluralismo y la defensa de la paz y los derechos humanos”, ¿costaba tanto reconocer que durante la Segunda República, y muy especialmente entre febrero y julio de 1936, el semestre previo al alzamiento militar, se normalizó por una parte de la izquierda la eliminación física del adversario político? ¿era tan difícil que esa ley dignificara también la memoria de las personas asesinadas por motivos ideológicos o religiosos en nombre del comunismo, antes y durante la Guerra Civil? ¿es necesario a estas alturas ir a Menorca a preguntar por sus muertos?

La obsesión de la izquierda por presentar el periodo comprendido entre 1931 y 1936 como una suerte de arcadia feliz, de paraíso de la convivencia entre españoles roto por un golpe de Estado, impide el consenso legislativo sobre una cuestión mucho más pacífica hoy en la sociedad de lo que desean algunos políticos. Y aún peor, trasladar el mensaje según el cual discrepar con la izquierda sobre esta cuestión le sitúa a uno entre Franco y Mussolini, convierte a esta memoria en la menos democrática de las posibles.

Dicho lo cual, y pudiendo comprender el orden de prioridades del gobierno de Prohens para intentar salvar la legislatura, resulta lamentable que la diputada del PP, Cristina Gil, no afeara nada de esto a la eufórica oposición, y se limitara a criticar a Vox por su “deslealtad”. Si admitimos que la política es el arte de lo posible, aceptemos también que las palabras expresan ideas, y que estas ideas se deben expresar en el Parlamento, si es que se tienen.