El Govern balear ha anunciado que las personas con más de siete años de residencia en la Comundad Autónoma, tendrán preferencia a la hora de acceder a una vivienda de protección oficial (VPO). Esta modificación de los criterios de acceso a la vivienda pública a favor de los residentes en Baleares es un paso en la dirección correcta, dado que aborda cierto descontento ciudadano respecto a la política de vivienda que se ha llevado a cabo en los últimos años.
Con esta medida, el Ejecutivo de Marga Prohens reconoce a los ciudadanos que durante un período de tiempo razonable han contribuido al tejido social y económico de comunidad. Asimismo, este anuncio responde a una percepción de injusticia entre los residentes, que en los últimos años veían cómo los beneficiarios de las VPO eran, en algunos casos, personas llegadas de fuera hace poco tiempo.
Esta modificación de los criterios de acceso a la vivienda pública a favor de los residentes en Baleares es un paso en la dirección correcta
De esta manera, Prohens refuerza su compromiso con los residentes baleares, cuando el mercado inmobiliario está cada vez más inaccesible. Sin embargo, este viraje de criterio, aunque acertado, es insuficiente. Es importante recordar que la verdadera raíz del problema radica en la escasez de vivienda pública y privada. Baleares sigue siendo una de las comunidades autónomas con menor parque de vivienda protegida en relación con su población y la demanda existente, algo que es importante revertir.
Si bien priorizar a los residentes es una medida justa y necesaria, su impacto será limitado sin un incremento significativo en el ritmo de construcción de nuevas viviendas. El Govern debe acompañar esta política con una estrategia ambiciosa y eficiente para acelerar la construcción de VPO, así como para garantizar que estas viviendas sean verdaderamente asequibles y sostenibles. El reto es enorme, pero también lo es la necesidad de la población balear de tener mayores posibilidades de acceder a una vivienda a un precio razonable.