Francina Armengol pierde neutralidad y gana cinismo

La figura del presidente o presidenta del Congreso de los Diputados ha sido, históricamente, un símbolo de neutralidad institucional en la democracia española. Desde la Constitución de 1978, quienes han ocupado este puesto han entendido la necesidad de mantenerse al margen del fragor partidista. Sin embargo, Francina Armengol ha dinamitado a conciencia esta tradición. Resulta perturbador que quien preside el Congreso, la tercera autoridad del Estado, actúe como líder de la oposición en Baleares, lanzando acusaciones contra el Govern y alimentando el discurso del "caos" y la "inestabilidad".

Armengol, en su papel de máxima autoridad parlamentaria, debería ser ejemplo de moderación e imparcialidad, una actitud que exige dejar a un lado la confrontación política directa. Al adoptar una posición de ataque partidista contra el ejecutivo balear, socava su propio papel institucional de árbitro y moderador, lo que es gravemente perjudicial para la institución que preside y que nunca antes sucedió. Es difícil separar, en estas circunstancias, dónde termina la presidenta del Congreso y dónde empieza la dirigente del PSIB-PSOE.

Señalar el "caos" en Baleares mientras se obvia la situación nacional es, cuanto menos, incoherente; y cuanto más, cínico

Por otro lado, resulta llamativo que Armengol denuncie inestabilidad en Baleares y no la perciba en el Gobierno de España, donde la realidad es difícil de ignorar. El Ejecutivo de Pedro Sánchez gobierna en minoría, sin acuerdos claros para aprobar nuevos presupuestos. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 siguen prorrogados, y el 2025 arrancará sin unas cuentas públicas validadas por el Parlamento. A ello se suman los escándalos de corrupción que acechan a figuras del entorno socialista, incluso a la propia Armengol, y donde el Ejecutivo se permite el lujo de atacar al poder judicial y acusar a los jueces y fiscales de "persecución". Señalar el "caos" en Baleares mientras se obvia la situación nacional es, cuanto menos, incoherente; y cuanto más, cínico.

La imparcialidad institucional no es una opción, sino un deber. Armengol debería reflexionar sobre las consecuencias de romper con una tradición que ha garantizado la estabilidad democrática durante décadas y que permitió que todos los presidentes del Congreso quedasen al margen del conflicto político. Con su actitud, Armengol degrada su función y a la propia cámara que preside. Lo hace deliberadamente, lo que grava su responsabilidad y la inhabilita de plano para ejercer con la mínima dignidad el cargo que ocupa.