El Consell de Mallorca abre 245 actas contra la oferta turística ilegal

El Consell de Mallorca está decidido acabar de raíz con la oferta turística ilegal. En esta ocasión ha comunicado el número de sanciones que ha realizado entre los meses de junio a noviembre. Hasta 245 actas ha levantado, un 10,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2023 (fueron 2022).

En la rueda de prensa que el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha ofrecido esta mañana, ha analizado la situación del sector y de las actuaciones totales que durante esta pasada campaña de verano se han llevado a cabo. “Hemos realizado 2.554 inspecciones tanto de oferta legal como ilegal, el triple que el año pasado 1.765, el 70 por ciento han sido contra los alquileres turísticos ilegales”.

Además, el conseller ha comunicado que se han levantado 179 expedientes, de los cuales se han resuelto 78, “algunos de los cuales corresponden a periodos anteriores debido a la falta de agilidad de los diferentes departamentos” ha matizado Rodríguez. Unas sanciones que conllevan un importe que asciende a los 4,42 millones de euros.

El conseller ha explicado que también dentro de estos casos han identificado a 91 reincidentes que, pese haber sido sancionados con anterioridad, “sospechan que siguen operando de forma fraudulenta”. De estos se han visitado 51 y se han abierto actas contra seis, dejando una tasa de reincidencia del 11,76 por ciento.

Todas estas actuaciones han venido derivadas tanto de las denuncias recibidas por su departamento, como de la actividad propia del servicio de inspección durante la campaña veraniega, que abarca del 15 de junio al 15 de noviembre. Con todo ello, Rodríguez ha considerado que la campaña, en la que se ha implementado el plan contra la oferta no reglada del Consell, arroja "resultados prometedores" que, no obstante, son todavía "insuficientes" para sus expectativas.

El objetivo de estas actuaciones, ha subrayado, "no es recaudar, sino poner freno a la oferta ilegal descontrolada" con el fin de "mejorar la convivencia de la isla" mediante una actividad turística "sostenible". "No nos vamos a cansar de seguir ayudando a quienes hacen las cosas bien y de perseguir a quienes quieren seguir operando al margen de la legalidad", ha sentenciado el conseller insular.

CUMPLIMIENTO DEL 3 POR CIENTO DEL PRODUCTO LOCAL

Asimismo, los inspectores del departamento de Turismo del Consell también han comprobado que los establecimientos cumplan con la obligación de que el 3% de su oferta sea de productos locales. Así, se han llevado a cabo 188 inspecciones, un 20% más de las inicialmente previstas.

De estos establecimientos, solo 86 han remitido la documentación solicitada por la institución insular, aunque se ha determinado que todos ellos cumplían con la normativa.

HORAS EXTRA Y NUEVO PERSONAL

Para llevar a cabo todo este trabajo y agilizar los trámites, los trabajadores del departamento de Turismo han tenido que realizar horas extra, ha explicado Rodríguez, quien ha incidido en la necesidad de mejorar los procesos de inspección y sanción para reducir los tiempos de espera.

"Mi gratitud y consideración para todo el equipo de ordenación, sanción e inspección, por la rigurosidad y seriedad con la que trabajan en unas circunstancias técnicas que son complicadas", ha dicho.

Los presupuestos del Consell para 2025 prevén destinar partidas a la incorporación de unos 27 trabajadores a estas áreas, que el conseller ha calculado que podrán estar todos operativos antes de la próximo campaña veraniega.

SA TALAIA BLANCA YA NO OPERA

Tanto el conseller como la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, han asegurado que el agroturismo Sa Talaia Blanca, vinculado al alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, ya no está operando. Así lo han confirmado los inspectores después de realizar una visita a las instalaciones en las últimas semanas, después de que el pasado 8 de octubre el Consell revocara su declaración responsable de inicio de actividad turística (Driat).

Desde entonces, tal y como explicó Rodríguez días después, los propietarios disponían de un plazo de un mes para presentar las alegaciones que consideraran necesarias, tiempo durante el cual podían seguir operando.