La reciente decisión del Consistorio de prohibir la pernocta en autocaravanas y limitar el estacionamiento en las calles ha generado indignación y malestar entre sus miembros. Esta medida, incluida en la nueva ordenanza cívica, busca restringir el uso de la vía pública por parte de quienes utilizan caravanas como vivienda, algo que muchos consideran desproporcionado y carente de diálogo.
Christian Melogno, socorrista y residente en una caravana, expresa su frustración: “El alcalde ha decidido crear una nueva ordenanza sin ni siquiera tratar con el colectivo afectado. Este Consistorio legisla para que los pobres sigamos pagando. Vivir en una caravana no es una decisión personal; es lo que haces cuando no tienes dónde vivir”.
Lejos de ser un estilo de vida escogido, muchos caravanistas se ven obligados a vivir así debido a la precariedad económica y la falta de acceso a vivienda digna. “Aquellas personas que no tenemos un salario suficiente para acceder a una vivienda, ¿dónde pretende Cort que vivamos?”, se pregunta Melogno, quien señala que una parte importante de los caravanistas trabajan en el sector turístico. “Uno de cada seis socorristas vive en caravanas. Si los salarios no alcanzan para vivir en Mallorca, ¿qué pasará cuando no haya personal para los hoteles?”.
El joven denuncia que la medida responde más a la imagen que Palma quiere proyectar que a una necesidad real de regulación. “Entiendo que Palma no quiera fomentar asentamientos que no proyecten la imagen elitista que se está vendiendo a los mercados extranjeros, pero esto solo aumenta la pobreza entre quienes ya estamos en una situación vulnerable”, señala.
Además, Melogno critica que no se haya diferenciado entre pernocta y acampada, un matiz que ya regula la Dirección General de Tráfico (DGT). “No entiendo esta ordenanza ni la visión del alcalde. Pernocta no es acampada, y ya hay normas que multan a quienes ocupan indebidamente la vía pública. No entiendo que se nos persiga”, lamenta.
El colectivo denuncia la falta de voluntad del Ayuntamiento para buscar soluciones alternativas. “No hay ayudas, no tratan de hablar con nosotros, y no han propuesto una regulación que permita una convivencia adecuada”, señala Melogno. Para él, una solución más justa sería limitar el espacio de ocupación de un lugar o establecer espacios específicos donde puedan estacionar las caravanas.
“Nunca ha habido un problema cívico con los caravanistas. Si el problema son los asentamientos, que regulen la ocupación máxima de una vía. En lugar de eso, nos quieren imponer multas que muchos no podremos pagar”, critica. El Consistorio pretende multar con hasta 1.500 euros a aquellas personas que no cumplan con la nueva ordenanza cívica.
PROTESTAS EN EL HORIZONTE
Si la ordenanza sigue adelante, Melogno no descarta medidas de protesta más contundentes, como acampar frente a Cort o convocar una manifestación de caravanas por las calles de Palma. Para él, esta regulación no solo afecta a los caravanistas de la ciudad, sino que sienta un precedente peligroso para otros municipios. “Palma es un espejo en el que muchos ayuntamientos se miran. Si regulan de esta manera, el resto no tardará en hacer lo mismo”, advierte.
UN FUTURO INCIERTO PARA LOS CARAVANISTAS
La nueva normativa pone en jaque el estilo de vida de un colectivo que, lejos de ser una minoría marginal, representa una realidad social creciente en Mallorca. Muchos trabajan en sectores esenciales, como el turismo, y se enfrentan a una crisis habitacional que la medida parece ignorar. “Este sistema no se mantiene. Hacer pagar a los pobres que no tenemos dónde vivir, no es la solución”, concluye Melogno.
El Ayuntamiento, mientras tanto, insiste en que esta ordenanza cívica busca garantizar la convivencia en la vía pública, aunque no ha ofrecido soluciones concretas para quienes no tienen otra alternativa habitacional. Para los caravanistas, sin embargo, esta medida no solo aumenta su precariedad, sino que los deja sin un lugar donde poder vivir dignamente en Palma.