Carlos Delgado: "Hasta políticos y jueces tenían amarres sin pagar"

A preguntas de su defensa, que ejerce el letrado Miquel Arbona, el exconseller ha reivindicado los buenos resultados de la adjudicación recordando que el canon "fue el mejor" y que el puerto, que arrojaba déficits de 700.000 euros, se ha arreglado.

Según ha recordado, la sociedad que resultó beneficiaria fue la que ofreció el precio más alto. "El canon se sigue pagando religiosamente y la Comunidad Autónoma está ganando dinero en lugar de perderlo. Volvería a hacer exactamente lo mismo", ha señalado.

El exconseller ha apuntado, por otra parte, que la adjudicación era "un tema menor para él" al tiempo que ha trasladado la responsabilidad de la tramitación en el que fuera secretario general de su Conselleria y secretario del Consejo de Administración de Ports IB, Joaquín Legaza.

Quien fuera conseller del Govern de José Ramón Bauzá, con mayoría absoluta del PP, entre junio de 2011 y diciembre de 2013, ha señalado que en el momento de la adjudicación del concurso supo que su entonces abogado Carlos Gelabert, a quien acababa de conocer y con quien solo tenía una relación profesional ya que le estaba llevando un proceso divorcio, tenía pensado presentarse a la adjudicación del puerto deportivo de Calanova porque tenía relación con el mundo náutico. Ha afirmado que en aquel momento la relación con el beneficiario era absolutamente profesional.

"No tenía obligación de abstenerme", ha indicado Delgado en relación a su participación como conseller en el proceso de adjudicación que acabaría beneficiando a la sociedad de su amigo. Y ha explicado que "tenía amigos en todas las empresas náuticas".

Respecto a la supuesta relación de estrecha amistad que Delgado mantenía con el beneficiario del concurso y que más tarde acabaría como socio suyo, el exconseller la ha negado asegurando que es "una mentira" difundida por la expareja de su socio. "Aquí ya no hay nada, sólo se está juzgando mi amistad con Gelabert", ha incidido.

SITUACIÓN DESASTROSA

Delgado ha recordado la necesidad de privatización del puerto de Calanova, ante las dificultades económicas de la administración porque estaba "en una situación desastrosa". "Había un mangoneo histórico con los amarres. Por prebendas, incluso políticos y jueces tenían amarres sin pagar", ha añadido.

El exconseller ha asegurado que en relación a la privatización de Calanova, llegó a sugerir una subasta en lugar de un concurso "porque no quería follones" y que todo fuera por criterios matemáticos.

"Llevaba años en política y ya sabía como funcionaban las cosas", ha afirmado. Delgado ha descargado la tramitación del concurso al que fuera secretario general de la Conselleria y secretario del Consejo de Administración de PortsIB Joaquín Legaza. "Era un tema menor para mí. El conseller no estaba en estos temas", ha insistido.

"Todo lo que tenía su visto bueno lo firmaba", ha admitido insistiendo en que desde que estuvo con el el Ayuntamiento de Calvià era una persona de su máxima confianza y por quien "pondría la mano en el fuego".

IRREGULARIDADES EN INSTRUCCIÓN

El juicio ha comenzado con varios abogados reclamando la libre absolución de los procesados por supuestas irregularidades durante la instrucción de la causa. Así, durante el trámite de cuestiones previas, el letrado que ejerce la defensa de dos de los acusados ha reclamado la libre absolución de todos los procesados apoyándose en irregularidades durante el trámite de instrucción; en concreto, en las declaraciones de los procesados, que fueron citados, a su juicio, fuera del plazo previsto legalmente.

El abogado del exconseller, por su parte, ha reclamado la nulidad de la instrucción desde diciembre de 2020 por la falta de competencia del juez instructor, cuya adscripción al juzgado habría finalizado en aquel momento.

El fiscal anticorrupción, Juan Carrau, se ha opuesto a las cuestiones planteadas por las defensas. El presidente del tribunal, tras la deliberación, las ha rechazado.

El representante del Ministerio Público pide para el exconseller una condena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También reclama el pago de una multa de 1,1 millones de euros. Para el resto de los acusados se reclaman igualmente penas de cárcel similares y multas también por encima del millón de euros.