La importancia de determinar la mayoría o minoría de edad de los inmigrantes

El proceso para determinar la edad de los inmigrantes indocumentados, para saber si son mayores de edad o menores de edad, tiene gran importancia a la hora de proteger los derechos de los menores con el rigor necesario para evitar irregularidades. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de judicializar este procedimiento, trasladándolo del ámbito administrativo al judicial civil, supone un cambio notable, que, de acuerdo con la legislación europea de protección a la infancia, busca garantizar mayor transparencia y seguridad jurídica al proceso en cuestión.

Determinar si un inmigrante es menor de edad no es solo una cuestión de números, sino de derechos fundamentales. Los menores no acompañados, son personas especialmente vulnerables. Criminalizarlos o sembrar dudas sistemáticas sobre su edad contribuye a su estigmatización y vulnera el principio de presunción de minoría de edad reconocido por el marco internacional de derechos humanos.

Ni las pruebas radiológicas óseas ni las dentales, ofrecen una exactitud concluyente al cien por cien, sino que son orientativas

La proposición del Gobierno apunta a resolver algunos de los problemas actuales. Actualmente, la determinación de la edad recae en métodos administrativos que en ocasiones han sido cuestionados por su falta de precisión. Ni las pruebas radiológicas óseas ni las dentales, ofrecen una exactitud concluyente al cien por cien, sino que son orientativas. Al trasladar estas decisiones al ámbito judicial, se espera un mayor respeto por las garantías legales y la aplicación de estándares científicos más rigurosos.

De ahí que el acuerdo entre PP y Vox para poner a disposición de las autoridades competentes las pruebas dentales, que arrojan resultados más precisos que las pruebas óseas, sea un paso adelante en este sentido. Pero hay que evitar un discurso de criminalización de los menores, que facilite prejuicios sobre los inmigrantes, como si los menores no lo fueran realmente. Cuando tras el procedimiento oportuno se determina la minoría o la mayoría de edad, hay que asumir el dictamen y respetar las conclusiones de los médicos. Y actúar de acuerdo a la Ley.

Las autoridades de España y Baleares deben equilibrar el rigor legal con el respeto a los derechos humanos. Y eso pasa por dotar de las máximas garantías científicas y legales el proceso de determinación de la edad de los migrantes indocumentados recién llegados. No olvidemos que en lo que llevamos de año, alrededor de 267 menores han arribado a territorio balear y están bajo la tutela de las administraciones competentes, con lo que ello conlleva.