Cuando los principales líderes del 'procés' fueron condenados por el Supremo

El 14 de octubre de 2019, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia dictada en la causa especial 20907/2017, "seguida por los hechos sucedidos en Cataluña en el otoño de 2017 en el marco del proceso secesionista". Dichos hechos habían sido promovidos por el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de Junts pel Sí, y por su Ejecutivo, pero Puigdemont no pudo ser juzgado, tras haber huido de España el 30 de octubre de 2017, haberse instalado luego en Bélgica y no haber logrado el Gobierno Central que fuera extraditado a nuestro país.

De los doce encausados en el juicio por el denominado procés, nueve serían condenados a penas de prisión y tres al pago de una multa. Así, el Alto Tribunal condenó al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de ERC, a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta; y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Asimismo, el Supremo condenó a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a 11 años y seis meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. Por ese mismo delito fueron condenados a 10 años y seis meses de prisión y 10 años y seis meses de inhabilitación absoluta los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, mientras que los líderes de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, fueron condenados igualmente por sedición a nueve años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta. En cuanto a los exconsellers Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, fueron condenados como autores de un delito de desobediencia a sendas penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un año y ocho meses de inhabilitación especial.

Los nueve condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel se encontraban ya en aquel momento en prisión preventiva. De ellos, Junqueras, Romeva, Turull, Forn, Rull, Sánchez y Cuixart cumplirían luego su condena en el centro penitenciario de Lledoners, ubicado en Manresa, mientras que Forcadell lo hizo en la prisión barcelonesa de Wad Ras y Bassa en la cárcel de Puig de les Basses, ubicada en Figueres.

Tras hacerse pública la sentencia, a partir del 14 de octubre de 2019 tuvieron lugar en Cataluña una serie de movilizaciones y de protestas contra el citado fallo judicial, que se prolongaron durante varios días. Por una parte, hubo manifestaciones y concentraciones de carácter pacífico, pero, por otra parte, hubo también cortes de carreteras y líneas ferroviarias, barricadas y destrozos en bienes públicos, además de enfrentamientos entre manifestantes violentos o antisistema y efectivos policiales. Los disturbios cesarían casi en su totalidad una semana después, con un balance inicial —según publicó El País— de 194 personas detenidas y 590 heridas. Entre los heridos se encontraban también decenas de mossos y de policías nacionales.

En aquellas fechas, el presidente de la Generalitat era Quim Torra, de Junts, mientras que el presidente del Gobierno era ya el socialista Pedro Sánchez. Ambos pidieron y finalmente lograron el cese de la violencia. Poco a poco, la situación se fue normalizando y se recuperó el diálogo entre ambas partes, si bien la relación entre Torra y Sánchez nunca llegó a ser muy fluida.

Tras las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña el 14 de febrero de 2021, Torra sería sustituido al frente del Govern por Pere Aragonès, de ERC. Poco después, en concreto el 22 de junio, Sánchez concedería el indulto a los nueve condenados a penas de cárcel en el juicio del procés. Con posterioridad, en diciembre de 2022, sería aprobada la reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno y ERC para la eliminación del delito de sedición, la creación de un nuevo delito de desórdenes públicos agravados y la implantación de penas más bajas para el delito de malversación, unos cambios que, según algunos juristas, abren la puerta a futuros nuevos intentos secesionistas en nuestro país.

EL FALLO DEL SUPREMO

Hoy la sedición ya no es delito, pero sí lo era cuando se celebró el juicio del procés. En ese contexto, la sentencia del Tribunal Supremo dictada entonces consideró probado que hubo tal delito por parte de Junqueras y de los otros ocho acusados a los que se les impuso también pena de prisión. "La defensa política, individual o colectiva, de cualquiera de los fines enumerados en el artículo 472 del Código Penal —entre otros, derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional— no es constitutiva de delito", explicaba el fallo, para añadir: "Pero sí lo es movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales".

La Sala subrayó que "la libertad ideológica no sólo ampara, sino que también protege la reivindicación del derecho de autodeterminación". En ese sentido, "sostener que la razón de la acusación y condena tiene como sustrato fáctico el simple hecho de defender la autodeterminación de Cataluña, sólo puede entenderse como un desahogo retórico, tan legítimo desde la perspectiva del derecho de defensa, como inaceptable en términos jurídicos".

Para el tribunal, "lo sucedido el 1 de octubre no fue sólo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana. Si hubiese sido eso no habría reacción penal. Fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusados entre muchas otras personas para convertir en papel mojado —con el uso de vías de hecho y fuerza física— unas decisiones judiciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". El Supremo daba también por probada la existencia de violencia, pero descartó que se hubiera producido asimismo un delito de rebelión, pues "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión".

En el fallo judicial había también varias consideraciones sobre el llamado 'derecho a decidir', defendido desde hace décadas por los secesionistas catalanes. El juez Marchena recordaba que no existe ningún tratado internacional que haya codificado ese derecho. "La conversión del 'derecho a decidir', como indiscutible facultad inherente a todo ser humano, en un derecho colectivo asociado a un pueblo, encerrará siempre un salto en el vacío. No existe un 'derecho a decidir' ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad. No existe tal derecho. Su realidad no es otra que la de una aspiración política", decía la sentencia.

Para la Sala, "la democracia presupone, es cierto, el derecho a votar, pero es algo más que eso", ya que "supone también el respeto por los derechos políticos que el sistema constitucional reconoce a otros ciudadanos, el reconocimiento de los equilibrios entre poderes, el acatamiento de las resoluciones judiciales y, en fin, la idea compartida de que la construcción del futuro de una comunidad en democracia sólo es posible respetando el marco jurídico que es expresión de la soberanía popular". Por tanto, no era aceptable la creación de una república tal como había sido planteada por el Govern, porque exigía "la alteración forzada del sujeto de la soberanía, es decir, la anticipada mutilación del sujeto originario del poder constituyente, que expresa la base sociológica de cualquier Estado civilizado".

Ahondando en esa misma línea argumentativa, la sentencia exponía que "todo movimiento de secesión unilateral en una sociedad que ha hecho suyas la Convención de Derechos Humanos de 1951 y la Carta de Derechos de Lisboa de 2010 es, por definición, un movimiento antidemocrático, porque antidemocrático es destrozar las bases de un modelo constitucional para construir una república identitaria en la que el pluralismo ideológico y político no están garantizados". Y ello sería así "aunque pretenda camuflarse la falta de legitimidad política del proyecto secesionista mediante la totalitaria preeminencia de un supuesto principio democrático que se impondría sobre el Estado de Derecho". En esta tesitura, la conclusión del Tribunal Supremo era que "no hay democracia fuera del Estado de Derecho".

DOS CONSULTAS

Con anterioridad al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, había tenido lugar otro referéndum soberanista igualmente no autorizado, que se celebró el 9 de noviembre de 2014 y que fue promovido por el entonces presidente de la Generalitat, el convergente Artur Mas. En la papeleta de aquella primera consulta había dos preguntas: "¿Quiere que Cataluña sea un estado?" y "¿Quiere que sea independiente?". El Gobierno central, que en aquel momento presidía el popular Mariano Rajoy, se opuso a la iniciativa de Mas con el aval del Tribunal Constitucional, pero aun así el referéndum se celebró. Según la Generalitat, participaron 2,3 millones de personas en esa consulta, con el resultado de un 80,76 por cien de 'síes' a las dos preguntas formuladas.

A consecuencia de aquel plebiscito, Mas sería juzgado en febrero de 2017 por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), junto con la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau, como presuntos autores de los delitos de desobediencia y de prevaricación. En aquel momento, Artur Mas ya no era el president, cargo que ostentaba Carles Puigdemont. En la sentencia del TSJC, que se haría pública el 13 de marzo, se condenó a Mas, Ortega y Rigau por el delito de desobediencia, pero se les absolvió del de prevaricación. La pena impuesta al expresidente catalán fue de dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo público y el pago de una multa de 36.500 euros.

Por lo que respecta al plebiscito del 1 de octubre de 2017, la pregunta que se planteó fue: "¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?". Rajoy también se opuso a este nuevo desafío separatista, pero tampoco pudo pararlo. Al inicio de la jornada electoral del 1-O, hubo varias cargas policiales, sobre todo en Barcelona, que provocaron que fueran atendidas 844 personas por los servicios sanitarios. Además, también resultaron heridos 33 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. A partir del mediodía, los incidentes cesarían ya casi por completo.

Los resultados del referéndum fueron dados a conocer en la madrugada del 2 de octubre. Según los datos ofrecidos por la Generalitat, hubo un 90,1 por cien de 'síes' a favor de la independencia, con una participación de 2,2 millones de personas, lo que representaba el 42 por cien del censo. El siguiente paso rupturista que dio el Govern presidido por Puigdemont fue aprobar una declaración unilateral de independencia el 10 de octubre, que, no obstante, el propio president propuso suspender ese mismo día, para iniciar un diálogo con el Gobierno central, "sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".

A partir de ese momento y tras varios requerimientos previos a Puigdemont para que la Generalitat actuase de acuerdo a la Constitución, el Gobierno que presidía Rajoy acordó el 27 de octubre aplicar el artículo 155 de la Carta Magna, después de que el Parlament hubiera aprobado unas horas antes una resolución que proponía declarar la independencia.

La decisión de Rajoy contó con el apoyo del PSOE y de Cs. La aplicación del artículo 155 implicó el cese de Puigdemont y de su Govern, pero no supuso la suspensión de la autonomía. De hecho, Cataluña celebraría elecciones autonómicas el 21 de diciembre de 2017, que ganó la candidata de Cs, Inés Arrimadas, quien, no obstante, no logró reunir los apoyos parlamentarios necesarios para poder acceder a la presidencia de la Generalitat. Tras varios meses de incertidumbre, el 14 de mayo de 2018 resultaría elegido nuevo president Joaquim Torra, gracias al acuerdo previo alcanzado entre Junts y ERC, y la abstención de la CUP. Por lo que respecta a la aplicación del artículo 155, decaería el 2 de julio de ese año, con la toma de posesión del nuevo Govern. Desde entonces, la Generalitat ha funcionado con plena normalidad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El sentimiento independentista de una parte muy significativa de la población catalana no nació en 2014 ni en 2017, sino seguramente un poco antes, en buena medida a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2006, que sería conocida el 28 de junio de 2010. El recurso previo había sido presentado cuatro años antes por el PP, que consideraba no ajustados a la ley un total de 114 artículos del Estatut.

El Constitucional avaló en su sentencia la mayor parte del texto del citado Estatut, si bien también declaró inconstitucionales 14 artículos. Por otra parte, el fallo también señalaba que carecían de eficacia jurídica interpretativa "las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña". Tras conocerse la sentencia, el entonces presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, afirmó sentirse "indignado" y emplazó a la ciudadanía a mostrar su desacuerdo con la decisión tomada por el Tribunal de Garantías.

Apenas dos semanas después, el 10 de julio, se celebró en Barcelona una manifestación multitudinaria bajo el lema 'Som una nació, nosaltres decidim', que había sido organizada por Òmnium Cultural. Más de un millón de personas participaron en esa marcha, que, según La Vanguardia, fue "la primera gran demostración de fuerza del independentismo en la calle". Fue también entonces cuando Convergència empezó a hacer su progresivo viraje del nacionalismo al soberanismo, iniciado con Mas y concluido con Puigdemont.

Aun así, el origen del movimiento independentista catalán cabe situarlo en sentido estricto en los años treinta del pasado siglo. Cabe recordar, en ese sentido, que el 14 de abril de 1931 el entonces presidente de ERC, Francesc Macià, proclamó en Barcelona la República Catalana. En esa misma fecha sería proclamada también la Segunda República en el resto de España. Para evitar una fractura irreversible del Estado español, una representación del Gobierno provisional español se desplazó el 17 de abril a Barcelona para intentar llegar a un pacto con Macià, un acuerdo que se logró gracias a las cesiones que hubo por ambas partes.

El pacto implicaba que Macià renunciaba al nacimiento de la República Catalana, pero al mismo tiempo posibilitaba que se constituyera con carácter provisional la Generalitat de Catalunya, presidida por el propio Macià. Además, se consensuó que se elaboraría un Estatuto de Autonomía. El citado Estatut sería promulgado el 15 de septiembre de 1932 y dos meses después, el 20 de noviembre de 1932, Cataluña celebró sus primeras elecciones autonómicas.

En dichos comicios, ERC lograría la mayoría absoluta, por lo que Macià sería ratificado como president, mientras que Lluís Companys sería elegido presidente del Parlament. Tras el fallecimiento de Macià en diciembre de 1933, pasaría a presidir la Generalitat el propio Companys.

OCTUBRE DE 1934

El clima político en el conjunto de España se fue enrareciendo poco a poco a lo largo de 1934, tras la constitución en diciembre de 1933 de un Ejecutivo de centroderecha presidido por el líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, que desde el primer momento contó con el rechazo absoluto de todas las formaciones de izquierda y en especial del PSOE. En aquellas fechas, el presidente de la Segunda República era el centrista Niceto Alcalá-Zamora.

Tras varios meses de inestabilidad gubernamental y parlamentaria, Lerroux conformó un nuevo Gobierno el 4 de octubre, que contó por vez primera con ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). La incorporación de tres ministros de la CEDA al Ejecutivo desencadenaría un día después, el 5 de octubre, el inicio de la denominada 'huelga general revolucionaria', instigada sobre todo por el PSOE y la UGT. Los sucesos posteriores de aquellos días pasarían a ser conocidos con el nombre de 'Revolución de octubre de 1934'.

En ese contexto, el 6 de octubre de 1934 Companys proclamó unilateralmente el "Estat Català dins la República Federal Espanyola", que duró hasta la madrugada del día siguiente, después de que esta insurrección fuera abortada por el capitán general de Cataluña, Domingo Batet, con un mínimo derramamiento de sangre. Companys y todos los consellers del Govern serían detenidos y encarcelados, y, al mismo tiempo, el Estatut sería suspendido.

Esta situación se mantuvo hasta poco después de las elecciones generales celebradas en España el 16 de febrero de 1936, que ganó el Frente Popular. Tras esos comicios, se levantó la suspensión del Estatut y se excarceló a Companys, que sería restituido como presidente de la Generalitat.

Apenas cinco meses después, tendría lugar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, promovido por una parte del Ejército contra el Gobierno legítimo de la Segunda República. El fracaso del golpe derivaría en la Guerra Civil, que se prolongaría hasta el 1 de abril de 1939, con el triunfo de los sublevados. Companys se exiliaría a Francia un poco antes, el 5 de febrero de aquel año. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 y la ocupación de parte del territorio francés por la Alemania nazi, Companys sería detenido por la Gestapo el 13 de agosto de 1940, cerca de Nantes, y trasladado a España, que se encontraba ya bajo la dictadura del general Francisco Franco.

Un año antes del final de la Guerra Civil, el 5 de abril de 1938, el general Franco había firmado en la ciudad de Burgos un decreto que abolía la Generalitat, pero aun así Companys seguía siendo considerado el presidente de Cataluña por todos los republicanos exiliados. Después de su arresto en Francia y su posterior entrega a las autoridades de nuestro país, Companys sería juzgado en un consejo de guerra sumarísimo y fusilado en el Castillo de Montjuïc el 15 de octubre de 1940.

DE TARRADELLAS A ILLA

A la muerte de Companys, asumiría el cargo de presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Irla, quien sería relevado en agosto de 1954 por Josep Tarradellas. Tras la reinstauración democrática en España en 1977, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, de UCD, reconocería la legitimidad histórica de Tarradellas como president y aprobaría el restablecimiento de la Generalitat. "Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!", diría Tarradellas desde el balcón del Palau de Sant Jaume el 23 de octubre de 1977. A lo largo de su mandato presidencial, se aprobaría en 1979 un nuevo Estatut y se celebrarían elecciones autonómicas el 20 de marzo de 1980.

El ganador de esos comicios, Jordi Pujol, de CiU, sería investido president dos meses después, relevando así en el cargo a Tarradellas. El político convergente fue revalidando su mayoría parlamentaria en las siguientes cinco legislaturas, por lo que continuaría al frente de la Generalitat hasta 2003, año en que se retiró de la política. Desde entonces, han presidido de manera sucesiva la máxima institución de Cataluña Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès y Salvador Illa, quien ostenta el cargo en la actualidad.

Pasado hoy ya un lustro desde el juicio del procés, los principales partidos independentistas catalanes no han vuelto a plantear de manera concreta la celebración de un nuevo referéndum, pese a la repetida frase "Ho tornarem a fer", que desde entonces han pronunciado diversos líderes políticos soberanistas. Paralelamente, el actual presidente del Gobierno ha buscado de manera continuada el apoyo de ERC y de Junts para poder seguir al frente del Ejecutivo, un apoyo que de momento mantiene, tras haber accedido a algunas de las peticiones formuladas por ambas formaciones.

Además, Sánchez ha tomado algunas decisiones simbólicas que sabía que serían del agrado de sus socios independentistas. Así, tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, propuso a Francina Armengol para presidir el Congreso. Armengol siempre se expresó públicamente en contra del procés, pero al mismo tiempo apeló de manera reiterada al diálogo y al consenso para "encontrar una solución política para Cataluña y para toda España". A ello habría que añadir que durante los dos mandatos en que fue presidenta del Gobierno balear, contó en su Ejecutivo con representantes de Més per Mallorca, que sí apoyaban el proceso independentista catalán.

Francina Armengol resultaría elegida presidenta del Congreso el 17 de agosto del pasado año, tras haber contado con los votos favorables del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Junts, PNV y BNG. Posteriormente, el 16 de noviembre, Sánchez lograría por tercera vez la investidura como presidente del Gobierno, con 179 votos a favor y 171 en contra. Para poder contar con el apoyo de ERC y de Junts en esta investidura, Sánchez se comprometió a redactar una ley de amnistía, que sería aprobada el pasado mes de junio, con el rechazo de los partidos de la oposición.

En este 2024 hubo también elecciones autonómicas en Cataluña, en concreto el 12 de mayo, que depararon la victoria del candidato del PSC, Salvador Illa. En segundo lugar quedó Puigdemont, quien regresó por unas horas a España el 8 de agosto y pronunció una breve alocución en Barcelona, antes de abandonar de nuevo nuestro país. Ese mismo día, Illa fue investido presidente de la Generalitat por el Parlament con los votos del PSC, ERC y los Comunes. "Como presidente de la Generalitat, buscaré siempre aquello que nos une", afirmó Illa en su discurso de investidura, bajo la atenta y respetuosa mirada de Josep Rull, nuevo presidente del Parlament y uno de los nueve políticos condenados en su momento en el juicio del procés.

CON EL PATROCINIO DE:

COLABORAN:

INSTITUCIONALES: