La opacidad de Begoña Gómez y Pedro Sánchez

El caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escalado a un nivel que trasciende lo meramente judicial. La investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción no solo compromete a Gómez, como demuestra la defensa numantina que de ella hacen los ministros del Gobierno, sino que extiende serias dudas sobre el ejercicio del poder y la ética en el entorno más próximo al Ejecutivo.

Su negativa a dar explicaciones públicas, así como su decisión de acogerse a su derecho a no declarar ante el juez instructor del caso y también ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, no hace más que alimentar la percepción ciudadana de que pudo haber aprovechado su posición para obtener beneficios profesionales desde su residencia en La Moncloa como cónyuge del presidente del Gobierno.

La situación se agrava por la actitud del propio Pedro Sánchez y del PSOE. En lugar de adoptar una postura de transparencia y disposición al esclarecimiento de los hechos, ha optado por atacar al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga el caso, incluso interponiendo una querella criminal por haberle citado a declarar como testigo; querella que ha sido archivada, lógicamente. Este movimiento, lejos de disipar las dudas, genera una sospecha adicional sobre posibles irregularidades en su entorno.

En lugar de adoptar una postura de transparencia y disposición al esclarecimiento de los hechos, ha optado por atacar al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga el caso, incluso interponiendo una querella criminal por haberle citado a declarar como testigo

En una democracia consolidada, los gobernantes están sujetos al escrutinio público y actuar con responsabilidad frente a las instituciones. La estrategia de silencio y opacidad adoptada por Sánchez no beneficia ni a su gobierno ni a su imagen como presidente.

Begoña Gómez, como figura pública vinculada al presidente, tiene la obligación moral y política de dar explicaciones a la ciudadanía. Ignorar esta necesidad daña la confianza en las instituciones y refuerza las sospechas de que quienes están en el poder no creen que las reglas también se les aplican a ellos. Este caso se convierte así en un termómetro de la salud democrática de España y de la ética del Gobierno.

Es necesario que tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez colaboren plenamente con la Justicia, en lugar de sembrar de obstáculos procesales la investigación del juez Peinado, despejando cualquier duda sobre su integridad. La transparencia y el respeto al Estado de Derecho no son negociables. De lo contrario, el desgaste político del líder del PSOE y la desafección ciudadana seguirán creciendo, lo que a la postre será determinante a la hora de calificar al Gobierno Sánchez.