La politización de la crisis migratoria complica la acogida de menores no acompañados

La controversia en torno al nuevo centro de menores no acompañados en Inca evidencia la falta de coordinación entre instituciones, lo cual es grave. Pero aún peor es la politización de la crisis migratoria. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha instado a las instituciones implicadas, incluido el Ayuntamiento de Inca, a alcanzar un consenso para acoger a los menores extranjeros no acompañados.

Sin embargo, la negativa del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, respaldado por el PSIB, debido a problemas de infraestructura en el polvorín propuesto, ha sido calificada de "veto xenófobo" por parte de Guillermo Sánchez (PP), conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, una acusación ofensiva, innecesaria y que añade tensión política a un debate ya complejo.

La necesidad de acoger a menores migrantes es una cuestión humanitaria que demanda una planificación estructurada y desprovista de conflictos políticos. La gestión de esta situación exige colaboración entre todos, pues se trata de menores en situación de vulnerabilidad. Etiquetar las objeciones legítimas de carácter logístico como xenofobia es irresponsable y distrae de los problemas reales: garantizar condiciones dignas para los menores y atender las preocupaciones locales sobre infraestructura y seguridad.

La necesidad de acoger a menores migrantes es una cuestión humanitaria que demanda una planificación estructurada y desprovista de conflictos políticos

El aumento de migrantes en Baleares requiere de estructuras adecuadas para la acogida. Es necesario que el Govern, el Consell de Mallorca, la Delegación del Gobierno y los distintos ayuntamientos, trabajen conjuntamente, valorando los espacios y escuchando a todas las partes implicadas sin reducir el debate a recriminaciones ideológicas. La prioridad debe ser la protección de los menores y el respeto a las necesidades de la sociedad, buscando soluciones prácticas y consensuadas en lugar de etiquetas ofensivas que dividan por intereses políticos.

Si el Gobierno de España sugirió el polvorín de Inca, debe ser porque reúne las condiciones para ello. Si no lo hace, el consistorio de Inca debe explicarlo. Y en todo caso, la Delegación del Gobierno debe plantear alternativas, porque la necesidad de atender convenientemente a los menores recién llegados persiste.