Populismo urbanístico

La seguridad jurídica en materia urbanística en Baleares es anecdótica. No sólo por la pésima técnica legislativa del legislador balear, sino por los delirios políticos cambiantes que devienen en un urbanismo pendular que genera desequilibrios e incertidumbre. Su visión nunca se ha basado en criterios técnicos ni se ha diseñado para una efectividad a medio-largo plazo. Improvisamos sobre la marcha y así nos va: un mercado de la vivienda desbocado, propietarios sin garantías y disparidades de criterio interpretativo en cada ayuntamiento y cada isla.

Es habitual que, por desgracia, los parlamentos legislen en base a situaciones excepcionales o a golpe de titular. La gota fría que ha arrasado Valencia no iba a ser una excepción. El PSIB ha conseguido instrumentalizarlo para empañar el Decreto de Simplificación Administrativa que devolvía cierta cordura técnica al caos urbanístico que sufre el archipiélago. Lo sorprendente, es que el PP ha picado. Ahora Mercedes Garrido se lleva las manos a la cabeza porque se pueden legalizar casas ya construidas en zonas clasificadas como inundables, cuando con ella de consellera esas zonas o las contiguas (zona de policía de aguas) se han podido construir con un informe de Recursos Hídricos.

Legalizar edificaciones con una afección (APR) por riesgo de inundación no implica la implantación de nuevas viviendas, sino dar cobertura legal a lo que ya existe y no se puede demoler porque su infracción urbanística ha prescrito. Pero es más fácil utilizar una catástrofe natural para legislar como si fuera lo habitual. La premisa de lo excepcional no puede servir para imponer una regla con carácter general. Cabe recordar que una zona inundable NO es una categoría urbanística en Baleares, sino una mera afección que impone ciertos límites.

En el PSIB un día van de garantes del medioambiente y al día siguiente permiten ampliar un 15% los hoteles en plena pandemia. Con la edificabilidad en zonas inundables critican ahora lo que ellos habían permitido cuando gobernaban. Por la mañana en el Parlament atacan la legalización extraordinaria de edificaciones antiguas en suelo rústico y por la tarde los ayuntamientos que gobiernan se acogen gozosos a dicha excepcionalidad. Y así todo.

El PP de Prohens no debe caer en el error de dar por bueno el discurso político catastrofista del PSIB ni dar el paso de situarse en su marco argumental. Los socialistas están ávidos de poder disparar contra todo aquello que funcione, el Decreto de simplificación y la futura Ley no iban a ser una excepción. Més seny i menys fums.