El año de la tragedia de Sant Llorenç

El 9 de octubre de 2018, las torrenciales lluvias caídas durante horas sobre la localidad mallorquina de Sant Llorenç des Cardassar dejarían un trágico balance de 13 víctimas mortales, decenas de familias sin hogar, 415 vehículos destrozados y cuantiosas pérdidas materiales.

El hecho determinante en la catástrofe vivida en Sant Llorenç fue el desbordamiento del torrente de Ses Planes, que ocurrió en torno a las siete de la tarde de aquel día. A causa de ese desborde, el agua llegaría a alcanzar los 1,20 metros de altura en algunos puntos del centro de la localidad. Otros municipios que también se vieron afectados por las fortísimas precipitaciones que descargaron en aquella jornada sobre el noreste de la isla fueron Artà, Capdepera, Manacor y Son Servera.

Desde el primer momento, fue decisiva la ayuda de la Guardia Civil, los bomberos del Consell de Mallorca, efectivos del 061, Protección Civil, Salvamento Marítimo, Policía Local, Policía Nacional y Dirección General de Emergencias para socorrer a todos los afectados por la riada. Sin su abnegado y encomiable esfuerzo, los efectos de aquel suceso hubieran sido aún mucho más devastadores a todos los niveles. A esa gran labor profesional conjunta se sumó, a las pocas horas, la tarea desarrollada por la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegó a la isla procedente de Valencia.

Por otra parte, merecen ser también destacadas las muestras de solidaridad protagonizadas por los cientos de voluntarios que durante días estuvieron trabajando en las zonas afectadas, en especial en el municipio de Sant Llorenç.

Una de las imágenes que dio la vuelta al mundo el 10 de octubre fue la del tenista Rafa Nadal en Sant Llorenç, ayudando en las tareas de limpieza, como un voluntario más. Nadal donó, además, un millón de euros para los damnificados. Cabe recalcar también la visita que los Reyes hicieron a Mallorca el 12 de octubre para hablar directamente con los afectados por la tragedia. Unos días después, el 17 de octubre, Don Felipe y Doña Letizia acudirían además a la misa funeral, celebrada en Manacor.

Las dos cuestiones que inicialmente generaron una mayor controversia política y mediática fueron si se podría haber previsto de alguna manera lo que sucedió y si la respuesta del Ejecutivo presidido por la socialista Francina Armengol fue rápida y eficaz. En este contexto, la entonces consellera de Administraciones Públicas, Catalina Cladera, compareció a petición propia en el Parlament el 23 de octubre de 2018, en una alocución en la que defendió que el Govern habría actuado "desde el primer momento" tras tener conocimiento de los primeros incidentes graves.

LOS DATOS MÁS RELEVANTES

En aquella primera comparecencia parlamentaria, Cladera explicó que entre las 18.30 horas y las 21.00 horas del 9 de octubre se movilizaron hacia las zonas afectadas unas 200 personas en total, entre efectivos policiales y de emergencias. El puesto de coordinación operativa del Govern se constituiría en Sant Llorenç a las 20.56 horas.

La consellera también indicó que entre las 18.31 horas y las 21.00 horas de ese día se dio respuesta a un total de 111 incidentes en el noreste de Mallorca, 66 de ellos en Sant Llorenç. En las horas posteriores a la tragedia, los servicios de emergencias ayudaron a un total de 342 personas, de las cuales 54 fueron rescatadas en sus domicilios o de sus vehículos.

El Gobierno balear activó el nivel 2 del plan especial para hacer frente al riesgo de inundaciones —Inunbal— a las 21.07 horas. Con posterioridad, a las 22.33 horas, se solicitó formalmente la intervención de la UME en las zonas afectadas. Poco después, a las 22.42 horas, la Guardia Civil confirmó el hallazgo de la primera víctima mortal, cerca de la calle Ordines de Sant Llorenç.

La explicación de Cladera fue considerada insuficiente por el PP, que en aquel momento se encontraba en la oposición. Los populares recordaron a la consellera que desde hacía tiempo se venía denunciando una carencia de medios en el Servicio de Emergencias 112. La formación popular solicitó, además, toda la documentación existente sobre la catástrofe.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llevó a cabo una investigación interna sobre su propia actuación aquel 9 de octubre, cuyos resultados se dieron a conocer a finales de ese mismo mes. Su conclusión fue que la Aemet actuó de manera correcta a la hora de activar las distintas alertas —amarilla, naranja y roja—, ya que los protocolos de actuación "se cumplieron" y "existió una coordinación adecuada entre las distintas unidades implicadas".

La alerta amarilla para Mallorca fue prevista por la Aemet el lunes 8 de octubre y confirmada en la mañana del martes 9 de octubre. Por la tarde, a las 18.53 horas, se pasó a la alerta naranja, poco antes de que se desbordase el torrente de Sant Llorenç. Finalmente, el aviso de alerta roja se produjo a las 22.01 horas, cuando habían caído ya más de 200 litros por metro cuadrado en las principales zonas afectadas.

EL INFORME DEL GOVERN

El 18 enero de 2019, la consellera Cladera presentó el informe definitivo del Govern sobre todas las actuaciones llevadas a cabo el 9 de octubre de 2018. El Ejecutivo regional reconocía en dicho informe que hubo falta de previsión y de medios, aunque la organización de la respuesta tras las inundaciones fue "muy buena, rápida y proporcionada a los hechos" y hubo "mucha entrega de los efectivos implicados".

El citado informe fue elaborado por el director técnico del operativo puesto en marcha a raíz del trágico suceso, Joan Pol. En dicho documento, que constaba de 38 páginas, se reconocía que "la falta de alerta originaria sobre el fenómeno atmosférico y la posible gravedad de las consecuencias provocó la falta de conciencia del alcance del problema en algunos servicios públicos". Dichos servicios "no dispusieron de información suficiente hasta que ya hubo casos graves, lo cual hizo imposible la anticipación". Además, "la dispersión y fragmentación de la información retardó la evaluación correcta de la gravedad de la situación". El informe también explicaba que no se activaron de forma automática algunos servicios importantes, como por ejemplo el Servicio de Información Territorial o la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Una vez que el Govern tuvo conocimiento del desbordamiento del torrente de Sant Llorenç, decidió instalar el Centro de Control de Operaciones (CECOP) en esta localidad. Sin embargo, este centro operativo específico "no jugó su papel, sólo al principio, y ello confundió los espacios de trabajo y dificultó la gestión técnica". En ese sentido, "se tendría que haber establecido el CECOP en un lugar próximo —en el municipio de Manacor en primera instancia— con dinámica propia". El informe señalaba también que "durante la primera noche hizo falta un helicóptero de rescate nocturno propio de la Comunidad".

El documento elaborado por Pol reconocía carencias en el 112, como por ejemplo que dicho servicio no dispusiera entonces durante las 24 horas de la presencia de un técnico analista de datos que procesase la información y la transformase "en conocimiento para la toma inmediata de decisiones". Dicho técnico no figuraba "en la relación de puestos de trabajo" ni tampoco había figurado "nunca". Asimismo, se señalaba que en el 112 había entonces falta de personal, principalmente para la movilización del refuerzo cuando se activa un plan o un protocolo complejo, ya que se trata de una situación en la que "es necesaria una formación especializada".

Otras deficiencias recogidas en el informe hacían referencia a que el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) estaba entonces diseñado sólo "para hacer frente al riesgo de incendio forestal", lo que implicaba que no dispusiera del material ni del personal oportuno "para trabajar durante la noche en este tipo de situaciones". El documento también indicaba que "la comunicación pública habría mejorado con la figura del portavoz técnico" y criticaba la "falta de implicación en la respuesta y manejo de la crisis de la Dirección General de Recursos Hídricos".

En el apartado de conclusiones, se recomendaba la creación de forma "prioritaria" de un ente público para aglutinar todos los servicios de "prevención, gestión y respuesta de emergencias", eliminando duplicidades. El documento del Govern coincidía, en sus aspectos positivos, con el informe elaborado por la Guardia Civil en noviembre de 2018, que hizo "una evaluación positiva de las capacidades de respuesta ante la contingencia presentada".

LA UIB SE PRONUNCIA

A finales de 2019, un equipo de investigadores de los departamentos de Geografía y Física de la UIB presentó un estudio sobre los principales mecanismos que dieron lugar a las inundaciones del 9 de octubre de 2018. Según dicho estudio, la catástrofe de Sant Llorenç fue el resultado de la coincidencia previa de múltiples factores que imposibilitaron predecir de una manera adecuada lo que luego ocurrió.

Este trabajo, escrito en inglés, se titulaba 'Hydro-meteorological reconstruction and geomorphological impacte assessment of the October 2018 catastrophic flash flood at Sant Llorenç, Mallorca (Spain)' y fue publicado en la prestigiosa revista científica internacional Natural Hazards and Earth System Sciences. Una de sus conclusiones fue que el caso de Sant Llorenç sería "un ejemplo paradigmático de la gran complejidad que deben afrontar los científicos, las agencias de predicción hidrometeorológica, los gestores de emergencias y las autoridades civiles a la hora de prever las inundaciones mediterráneas repentinas".

Según recogía la propia UIB en una nota informativa, en el estudio los investigadores también señalaban "la importancia que tuvieron los factores relacionados con la presencia humana y su actividad sobre el territorio". En esa tesitura, en el análisis científico llevado a cabo se reconstruyeron las condiciones hidrometeorológicas que causaron el desbordamiento del torrente de Ses Planes y las trágicas consecuencias que tuvo ese desborde.

De ese modo, los citados investigadores pudieron determinar que en la tarde del 9 de octubre de 2018 los relieves de hasta 488 metros de altura de la Sierra de Levante frenaron el desplazamiento de las tormentas que atravesaron Mallorca de sur a norte. Así, las precipitaciones se concentraron en un área reducida en la cabecera de los torrentes de Ses Planes, Canyamel —en Capdepera— y Sa Canova —en Artà—, donde la lluvia llegó a cerca de 400 litros por metro cuadrado en sólo seis horas. Esta cantidad es la mitad de la media anual de precipitación en el noreste de la isla y tres veces más que la media de precipitación del mes de octubre.

Otro dato que destacaba el mencionado estudio era que a pesar de la gran intensidad de las lluvias durante aquel día, ninguno de los modelos de predicción atmosférica que utilizan rutinariamente las agencias meteorológicas y las instituciones de investigación en todo el mundo fue capaz de prever con suficiente antelación ni la localización, ni la intensidad, ni la distribución temporal de las precipitaciones. De hecho, ningún modelo numérico de predicción del tiempo anticipó precipitaciones superiores a 50 litros en la zona afectada.

Las carencias de los sistemas de predicción provocaron que la Aemet pasase al nivel de alerta naranja por precipitaciones fuertes "cuando el torrente de Ses Planes ya estaba a punto de desbordarse y la catástrofe era prácticamente inevitable". Los investigadores de la UIB también señalaban que la dimensión reducida de la cuenca de Ses Planes, la pendiente elevada del terreno, la escasa densidad de vegetación en la zona y el relieve en forma de embudo hicieron que las precipitaciones llegasen con mucha rapidez al cauce del torrente, "donde el agua llegó a subir a una velocidad de entre tres y cuatro metros por segundo".

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Algunas de las cuestiones que planteaba hace ya cinco años aquel estudio de la UIB están hoy más vigentes que nunca, por ejemplo en el actual debate sobre el peligro que conlleva construir edificaciones en zonas inundables. La conciencia sobre este punto es hoy tan grande, que será uno de los temas sobre los que hablarán en las próximas semanas el Govern que preside la popular Marga Prohens y la oposición antes de la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa por el Parlament.

Precisamente, entre las conclusiones del mencionado estudio se encontraba la de que "la ubicación de parte de la zona urbana de Sant Llorenç sobre el área inundable del torrente hizo que el agua alcanzase los tres metros de altura dentro de muchas casas". Otra conclusión era que "la canalización artificial del torrente a la entrada de la localidad provocó que la velocidad de la masa de agua casi se duplicase y alcanzase los siete metros por segundo". La situación se agravó aún más porque la presencia de numerosos puentes que atraparon los materiales que arrastraba la onda de inundación a su paso tuvo un efecto de presa y creó una onda devastadora aguas abajo.

Los investigadores de la UIB también concluían que "los límites de los sistemas de predicción" ponían sobre la mesa "la necesidad de disponer de protocolos de activación de los sistemas de alerta y de protección civil" para poder hacer frente a "errores de predicción en un rango de 30 a 50 kilómetros". Los autores del estudio destacaban igualmente que había que hacer "un trabajo de concienciación y educación de la población" para que pudiera afrontar las futuras inundaciones y tuviera "más capacidad de resiliencia para con este riesgo propio del clima mediterráneo", pues en el caso de Sant Llorenç "la escasa conciencia del peligro por parte de la población agravó aún más la tragedia".

Un lustro después, ese necesario trabajo de concienciación y de educación sólo se ha hecho realidad en parte y, además, casi sólo desde la UIB, que esta misma semana ha presentado el cuento ilustrado Hem viscut sa torrentada —titulado en castellano Una riada inesperada—, que está disponible en línea y cuyos autores son los psicólogos Patricia García y Rubén Ceinós. "Con este cuento queremos crear un material psicoeducativo donde las personas, especialmente los menores, que han vivido o han sido testigos de una situación catastrófica inesperada puedan gestionar sus emociones exponiéndose adecuadamente al recuerdo de la situación y reorganizando la información de lo ocurrido", se afirma en la presentación de este cuento.

Por fortuna, no hubo que esperar también un lustro para que las distintas administraciones pusieran en marcha toda una serie de medidas de apoyo para los damnificados por la riada. Así, un año después de la misma, el Gobierno balear había abonado ya 10,3 millones de euros en ayudas directas para particulares y empresas. A esa cifra habría que sumar los 3,2 millones en subvenciones que el Govern destinó a Sant Llorenç, Artà, Capdepera, Son Servera y Manacor para la reparación de daños en instalaciones y equipamientos públicos. Además, el Ejecutivo regional previó una inversión total de 28,2 millones de euros en reparación de torrentes y cauces.

Por lo que respecta al Consell de Mallorca, que entre 2015 y 2019 presidió el ecosoberanista de Més Miquel Ensenyat, destinó un total de 23,4 millones a la reconstrucción de puentes y carreteras por la vía de urgencia, con la ayuda del Estado. En cuanto al Gobierno central, en octubre de 2019 el Ejecutivo que presidía ya Pedro Sánchez aún no había empezado a aportar ninguna cantidad de los 20 millones de euros que tenía previsto otorgar a los consistorios de los cinco municipios afectados y al Consell de Mallorca. El proceso administrativo para que dichas instituciones pudieran solicitar al Gobierno central las ayudas que les correspondían se demoró y no se iniciaría hasta septiembre de 2019. Las citadas ayudas se harían finalmente efectivas a lo largo de 2020.

Sin todas esas contribuciones económicas, la recuperación de las zonas dañadas por la riada del 9 de octubre de 2018 hubiera sido prácticamente imposible, pero más cierto es aún que sin la entrega y el aliento de cientos de profesionales y de voluntarios desde casi el primer instante de la tragedia, las consecuencias de aquella torrentada en Sant Llorenç hubieran sido mucho más dolorosas y terribles.

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