La Ley de Simplificación, aparcada hasta consensuar el urbanismo en zonas inundables

El aplazamiento de la votación del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa era algo esperado. Este decreto ha incorporado 73 enmiendas y transacciones, y aún quedan por deliberar otras 490 en la sesión plenaria que estaba programada para este martes.

La solicitud de este aplazamiento proviene del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, quienes buscan más tiempo para negociar con el Govern sobre la prohibición de construir en zonas inundables. Estos partidos consideran que la propuesta presentada por el Ejecutivo balear para abordar este tema dentro de la ley de simplificación administrativa resulta "ineficaz e insuficiente".

El PP ha comunicado que estará de acuerdo con el aplazamiento de la convalidación del decreto de Simplificación Administrativa que se tramita como ley en el Parlament, con la finalidad de consensuar las medidas urbanísticas que se prohibirán en las zonas inundables de Baleares.

CONSENSO

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha señalado que "los consensos necesitan voluntad política y tiempo, el PP tiene voluntad política y si la izquierda quiere tiempo, lo tendrá, después se verá si la izquierda tiene voluntad política para llegar a un acuerdo importante pero el Govern está de acuerdo en dar ese tiempo"-

Para alcanzar un acuerdo, la izquierda plantea como condición que se elimine del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa la "amnistía urbanística" en terrenos rústicos donde se encuentren edificaciones situadas en áreas con riesgo potencial de inundación. Además, es fundamental que este decreto no autorice la clasificación de nuevos suelos urbanizables en dichas zonas.

Asimismo, se solicita que el Govern esté dispuesto a discutir la prohibición total de nuevas construcciones, incluyendo los equipamientos públicos, así como los cambios de uso de locales comerciales a viviendas en las áreas susceptibles a inundaciones.

En relación con las diferencias que se abordarán, se han señalado tres aspectos en los que están dispuestos a negociar. Esto incluye la prohibición de construir en áreas propensas a inundaciones, la posibilidad de extender esta restricción a infraestructuras consideradas "sensibles", como centros educativos, residencias, centros de salud y otros servicios públicos, así como la impedimento de legalizar edificaciones en terrenos rústicos situados en zonas susceptibles a inundaciones.

La portavoz adjunta de los 'populares' ha afirmado que "todo lo que afecta a las zonas inundables está encima de la mesa. Si el PP y el Govern han llegado a un acuerdo para modificar el orden del día, es porque desean trabajar con las mínimas distorsiones posibles, evitando así poner en riesgo un acuerdo político que la ciudadanía demanda".

VOX

Este lunes, Manuela Cañadas, la portavoz parlamentaria de Vox, ha afirmado que su grupo apoyará al Govern en las iniciativas que presente para prevenir edificaciones en áreas propensas a inundaciones. "No creo que haya nadie, ninguna persona ni ningún político, que vaya a arriesgarse en construir en una zona potencialmente inundable", enfatizó, especialmente después de la "catástrofe" ocurrida en Valencia debido a la DANA.

En relación a tres artículos que abordan el cambio climático y que forman parte del decreto ley de simplificación administrativa, Cañadas ha comentado que actualmente "se está negociando".

"Nosotros no estamos por la Agenda 2030, no creemos en nada de esto", ha afirmado. En este contexto, ha anticipado que "todo lo que implique una reducción de estas cuestiones --conectadas a la hidrología climática-- podría llevar al Grupo a considerar una abstención. Sin embargo, ha enfatizado que desde Vox "no se apoyará nada de ello".

Aunque es probable que se retrase la votación del dictamen del decreto ley sobre simplificación administrativa, se ha programado una reunión de la Mesa del Parlament a las 08.45 horas y de la Junta de Portavoces para abordar este asunto.

OPOSICIÓN ECOLOGISTA

Por su parte, el GOB ha reclamado la derogación total del decreto de simplificación administrativa y lo ha calificado como un "suicidio climático y ambiental para Baleares".

En un comunicado, la entidad ecologista ha recordado que poner la definición del concepto de interés general en manos de cada consell insular, dar facilidades de reforma a los edificios que están fuera de ordenación o dejar prescribir las infracciones urbanísticas en suelo rústico común son algunas de las modificaciones planteadas por el texto.

En materia de zonas inundables, la cuestión que ha motivado el aplazamiento, el GOB ha insistido en que no solo no se tienen que permitir nuevas construir en zonas de riesgo de inundación, sino que hay que paralizar la legalización de casas y usos ilegales en suelo rústico que también se encuentran en zonas inundables y otras zonas de riesgo.