Defender los derechos de los propietarios de viviendas

Ante la creciente inseguridad jurídica y la vulneración del derecho histórico a la propiedad en las Islas Baleares, un grupo de ciudadanos y entidades ha decidido organizarse para proteger el derecho a la propiedad privada. Esta nueva asociación, formada por pequeños propietarios, tiene como principal objetivo frenar la ocupación ilegal de inmuebles y responder a la degradación de la propiedad privada, una situación que se agrava por la falta de acción de las autoridades.

La ocupación ilegal ha dejado de ser un fenómeno aislado y afecta a un número alarmante de propietarios. Sin embargo, no es el único desafío que enfrentan. La recién aprobada Ley de Vivienda estatal ha generado aún más incertidumbre. Esta ley impone límites al alquiler en "zonas tensionadas" y establece que, si los inquilinos son vulnerables, no se les puede desalojar, algo que debería asumir el Estado. Aunque se menciona frecuentemente a los "fondos buitre", la realidad es que el 85% de los alquileres en España están en manos de pequeños propietarios que se sienten desprotegidos. La ley debería incluir también un estudio de vulnerabilidad para el propietario, que en algunas situaciones puede ser más vulnerable que el propio inquilino.

Los miembros de la asociación advierten que la seguridad jurídica está prácticamente desaparecida. Muchos propietarios, que han invertido sus ahorros y esfuerzo en adquirir inmuebles, se ven vulnerables ante la falta de mecanismos rápidos y eficaces para recuperar sus propiedades. Esta inseguridad jurídica se agrava con las restricciones impuestas por la Ley de Vivienda, en particular los límites al precio del alquiler, que se perciben como intervencionistas e injustos.

La asociación trabaja con autoridades, cuerpos policiales y órganos judiciales para mejorar la protección legal de los propietarios en Baleares. Entre sus iniciativas, presentarán informes jurídicos y estudios económicos que demuestran la necesidad urgente de reforzar los derechos de los propietarios. A través de propuestas legislativas, buscan una mayor protección jurídica, no solo ante la ocupación ilegal, sino también frente a la presión fiscal y las limitaciones que impone la ley.

Muchos propietarios se quejan de que, pese a sus importantes contribuciones fiscales en forma de impuestos y tasas, se sienten abandonados por el sistema. La situación es insostenible: la falta de protección jurídica y la ausencia de políticas eficaces contra la ocupación han dejado a los propietarios en una posición de vulnerabilidad económica y financiera.

Con la creación de esta asociación, los propietarios baleares buscan una solución justa, basada en el derecho a la propiedad privada reconocido en la Constitución española. Piden que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad jurídica y asegurar un mercado de alquiler justo y equilibrado, sin sacrificar los derechos de quienes invierten y contribuyen a la economía local.

En este contexto, este lunes 4 de noviembre, se ha celebrado una conferencia abierta al público titulada "Situación actual de la ocupación ilegal de bienes inmuebles y medidas a adoptar al respecto". El evento, organizado por la Asociación Pro Derecho a la Propiedad Privada de las Islas Baleares y el Colegio de Abogados de las Islas Baleares, ha contado con la presencia de Vicente Magro Servet, magistrado del Tribunal Supremo. El evento ha sido un gran éxito: se han conectado más de 450 personas de forma remota, y han asistido presencialmente autoridades de la vivienda tanto del gobierno balear como del Ayuntamiento de Palma.

Este tipo de asociaciones son fundamentales para que los propietarios puedan defender sus derechos y conocer mejor las herramientas legales disponibles en un entorno cada vez más complejo. www.asociacionpropiedadprivada.com