El Real Decreto 933/2021, que exige un registro exhaustivo de datos de viajeros, genera preocupación en el sector turístico europeo, especialmente en Baleares. Las patronales demandan aclaraciones y una prórroga, argumentando que la normativa es poco práctica y podría afectar la operatividad y privacidad de empresas y viajeros.
La normativa del Real Decreto 933/2021, que obliga a un registro exhaustivo de datos de viajeros, ha encendido las alarmas en el sector turístico europeo, especialmente en Baleares, donde el turismo es uno de los pilares económicos. Las principales patronales turísticas europeas, incluidas ECTAA, ETOA, Ruraltour, Hotrec y EFCO&HA, han enviado una segunda carta al Gobierno español exigiendo aclaraciones sobre el decreto, aludiendo a la falta de respuesta tras su primer contacto el pasado 17 de septiembre.
El sector turístico balear, representado por CEHAT y varias entidades locales, advierte que la normativa impone una carga “poco práctica” sobre las empresas turísticas, ya que el volumen de datos y la complejidad técnica dificultan su cumplimiento, algo que afecta tanto a grandes operadores como a pequeños alojamientos y negocios en las islas. En esta segunda comunicación, las patronales han solicitado una respuesta “urgente y fiable” que ofrezca seguridad jurídica y detalles técnicos para una implementación viable.
IMPACTO EN BALEARES Y SOLICITUD DE PRÓRROGA
La patronal turística de Baleares ha expresado su preocupación, destacando el impacto desproporcionado de la normativa en la región, donde la mayoría de los alojamientos son pequeñas y medianas empresas que dependen de la simplicidad y agilidad en la gestión de datos. En este contexto, las patronales han pedido al Gobierno español una nueva prórroga o, al menos, una simplificación del proceso de registro, que permita adaptar la normativa a las necesidades reales del sector sin afectar su operatividad.
DUDAS SOBRE LA EFECTIVIDAD EN SEGURIDAD
Si bien el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado la implementación de este Real Decreto como una medida para fortalecer la seguridad contra el terrorismo y el crimen organizado, las patronales han cuestionado que el sistema logre realmente estos objetivos. En lugar de aportar seguridad adicional, argumentan que la normativa introduce dificultades operativas y podría ser perjudicial para la privacidad y los derechos tanto de empresas como de viajeros europeos.
LA URGENCIA DE UNA RESPUESTA
Desde CEHAT, el presidente Jorge Marichal ha reiterado la necesidad de “respuestas claras y prontas” que permitan a las empresas turísticas organizar sus operaciones y ofrecer un servicio adecuado. Marichal ha subrayado la importancia de un compromiso gubernamental para trabajar con el sector en una normativa que garantice la seguridad sin comprometer los derechos legales ni la protección de datos.
Con una entrada de casi 95 millones de turistas anuales en España, de los cuales Baleares representa una parte significativa, la región está en una posición crítica frente a esta nueva normativa. Las patronales de turismo en las islas esperan que el Gobierno escuche las demandas y busque una vía de diálogo que asegure el equilibrio entre seguridad y sostenibilidad operativa para un sector que representa el motor económico de Baleares.