El juez Ángel Luis Hurtado ha ordenado el registro del despacho de la Fiscalía General del Estado en la investigación al fiscal general Álvaro García Ortiz, relacionado con un presunto delito de revelación de secretos. Se mantiene el secreto del caso y se requiere a García Ortiz designar abogado para su defensa.
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a la Guardia Civil la entrada y registro en el despacho de la Fiscalía General del Estado. El magistrado Ángel Luis Hurtado ha acordado mantener el secreto de las actuaciones por un mes.
Esta mañana, Hurtado ha emplazado a García Ortiz a designar abogado para no generarle indefensión en la causa en su contra, relacionada con un presunto delito de revelación de secretos que afectaría al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En el auto recogido por diversos medios, el instructor señala que, aunque la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación para García Ortiz, motivo por el cual se le requiere para designar profesionales que asuman su defensa y representación.
Fuentes fiscales anticiparon que será la misma Abogacía del Estado quien asuma la defensa del fiscal general. Además, Hurtado ha dado traslado a las acusaciones populares, entre ellas la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Sindicato Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), para que, en el plazo de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento.
Por otro lado, el juez dejó pendiente un pronunciamiento sobre las diligencias solicitadas por Alberto González Amador (acusación particular), y la petición de suspensión cautelar de funciones del fiscal general, solicitada por Manos Limpias.